El Gobierno apeló el fallo que restituyó la pensión a Cristina Kirchner

El Gobierno apeló ante la Corte Suprema el fallo que ordenó devolver provisoriamente la pensión por viudez a Cristina Kirchner. Capital Humano busca revertir la medida, argumentando que la condena judicial de la expresidenta justifica la quita de sus beneficios previsionales.

Cristina Fernández de Kirchner

El Poder Ejecutivo, actuando a través de la ANSES y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, ha formalizado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo de esta presentación es frenar el cumplimiento de la medida cautelar que obliga al Estado a retomar los pagos mensuales a Cristina Kirchner en concepto de la pensión derivada de su difunto esposo, Néstor Kirchner. Esta contraofensiva oficial busca anular el reciente alivio judicial obtenido por la exmandataria, sosteniendo que las asignaciones especiales deben caducar ante sentencias penales firmes.

El argumento judicial sobre la naturaleza del beneficio

La controversia escaló tras el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde los magistrados Sebastián Russo y Juan Fantini hicieron lugar a un reclamo de la defensa. El tribunal consideró que, dado el “carácter alimentario” que reviste toda prestación previsional, no se puede privar a la beneficiaria de dicho ingreso mientras se discute la validez definitiva de la quita. No obstante, este fallo solo contempla la restitución momentánea de la pensión por viudez, manteniendo bajo llave la jubilación de privilegio que le corresponde por haber ejercido la primera magistratura.

El origen de la quita y la estrategia oficial

La administración actual había interrumpido estos pagos en noviembre de 2024, argumentando que la condena en la causa Vialidad inhabilitaba la percepción de tales beneficios de excepción. Para el Gobierno, la decisión de la Cámara interfiere con una política de transparencia en el gasto público y de ejemplaridad ante delitos de corrupción. Con esta apelación, el conflicto se traslada ahora al máximo tribunal del país, que deberá dirimir si el derecho a la seguridad social de la expresidenta prevalece sobre las sanciones administrativas impuestas por el organismo previsional tras su revés judicial.

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