El Gobierno nacional giró este viernes el proyecto de modernización laboral a la Cámara de Diputados tras su media sanción en el Senado. La bancada oficialista busca su aprobación antes del 1° de marzo junto al régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
La presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, envió formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción el pasado 12 de febrero.
El texto, que redefine la negociación colectiva, la jornada laboral y establece cuotas sindicales voluntarias, llegó al despacho de Martín Menem tras una revisión técnica de 50 modificaciones incorporadas durante su tratamiento en la Cámara Alta.
Desde el entorno de la Vicepresidenta aclararon que la demora en el giro del expediente respondió exclusivamente al ordenamiento del articulado y no a una decisión política.
Sin embargo, el retraso ajustó al máximo los plazos del oficialismo, que aspira a convertir la iniciativa en ley antes del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.
Para viabilizar el tratamiento, el Poder Ejecutivo prepara un decreto que extenderá las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Esta prórroga permite cumplir con el requisito reglamentario de dictaminar diez días antes del cierre del periodo.
El cronograma trazado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, apunta a un plenario de comisiones el miércoles 18 de febrero para emitir despacho y sesionar el jueves 19.
Los números en las comisiones presentan un escenario de paridad. En Legislación del Trabajo, el oficialismo suma 14 de 28 miembros computando a sus aliados del PRO y la UCR. En Presupuesto y Hacienda, la proyección es de 27 firmas sobre 45 integrantes.
Si bien el acompañamiento de los socios permitiría el avance, la oposición cuestionó la celeridad del debate: señalaron que el Senado analizó la norma durante dos meses, mientras que en Diputados se pretende un trámite de 48 horas.
El principal obstáculo para el Gobierno surge de sus propios aliados. El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, adelantó que solicitarán modificaciones al proyecto. De concretarse cambios en el recinto, la ley debería regresar al Senado, lo que frustraría el objetivo de la Casa Rosada de sancionarla antes del 1 de marzo. Fuentes de la oposición interpretan que el apuro oficialista busca evitar este rebote legislativo.
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acelera el ritmo en el Senado para tratar la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Asimismo, el Ejecutivo incluyó en la prórroga de extraordinarias una nueva Ley de Financiamiento Universitario, tras el veto presidencial de 2024, con la intención de atenuar el conflicto con el sector académico.
El desenlace de esta estrategia definirá el capital político con el que Javier Milei iniciará el periodo de sesiones ordinarias.
La capacidad de LLA para sostener el texto original frente a las demandas del PRO y la resistencia del bloque kirchnerista determinará si la reforma laboral se convierte en realidad efectiva o en un nuevo capítulo de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
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