La administración provincial cesanteó a Nicolás Evaristo Salvatori tras una investigación administrativa. Confirmaron que el agente registraba su ingreso al Ministerio de Energía y se retiraba de inmediato sin cumplir sus funciones.
La administración provincial cesanteó a Nicolás Evaristo Salvatori tras una investigación administrativa. Confirmaron que el agente registraba su ingreso al Ministerio de Energía y se retiraba de inmediato sin cumplir sus funciones.
La administración de Neuquén, encabezada por Rolando Figueroa bajo el sello de “La Neuquinidad”, dispuso la cesantía de Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del fallecido exgobernador Pedro Salvatori.
La decisión se tomó tras comprobarse, mediante un sumario administrativo, que el agente —quien pertenecía a la planta permanente del Estado— incurrió en prácticas irregulares de asistencia en el Ministerio de Energía.
La investigación fue contundente gracias al uso de videos de cámaras de seguridad y fotografías que resultaron decisivos para el expediente. En dichos registros, se observa a Salvatori marcando su ingreso y retirándose del edificio en menos de medio minuto.
El sumario, iniciado formalmente el 12 de junio de 2025, buscaba determinar si el empleado había faltado de manera injustificada o si registraba su asistencia para luego ausentarse de sus labores.
Los auditores establecieron que estas faltas ocurrieron entre el 1 de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025. Durante este extenso período, el agente habría generado un perjuicio patrimonial a la provincia debido al supuesto abandono de cargo.
Específicamente, se analizaron cinco registros fílmicos de fines de mayo y principios de junio de 2025 que ratificaron la maniobra. Además, un informe técnico indicó que no se registraron tareas realizadas ni asistencias válidas entre el 10 de junio de 2020 y el 11 de septiembre de 2025.
Esta cesantía se enmarca en la política de “tolerancia cero” que rige en la provincia desde la asunción de Figueroa en diciembre de 2023. Con el objetivo de desalentar irregularidades que eran de público conocimiento, el gobierno implementó sistemas de control mediante huella dactilar.
Salvatori, quien era abogado y había ingresado al Estado en 1987, intentó defenderse alegando una supuesta “persecución ilegítima” y afirmando que no se le asignaban funciones.
No obstante, la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial concluyó que, según las propias declaraciones del sumariado, quedó acreditado que “el agente no ha prestado servicios, es decir no ha trabajado” durante el periodo investigado, más allá de haberse registrado en algunas ocasiones.
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