Bolivia lanzó una comisión especial para investigar la pederastia eclesiástica y la impunidad en delitos sexuales. El organismo auditará casos históricos, buscará justicia para víctimas de clérigos y propondrá endurecer penas legales para frenar el encubrimiento en instituciones poderosas.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha oficializado la puesta en marcha de un organismo especializado para combatir la impunidad en agresiones sexuales, con especial foco en los crímenes perpetrados por miembros del clero. Esta medida surge tras las revelaciones periodísticas que sacudieron al país hace tres años al exponer una red de pederastia dentro de la Compañía de Jesús. La nueva entidad se encargará de auditar expedientes antiguos, incluso aquellos que ya habrían prescrito, con el fin de remitir los hallazgos al Ministerio Público y proponer reformas técnicas que incrementen los castigos contra victimarios y quienes protejan a los mismos.
La iniciativa retoma el impacto generado por los diarios de Alfonso Pedrajas, un misionero fallecido que reconoció haber abusado de decenas de estudiantes mientras sus superiores mantenían el silencio. Pese a que la justicia ya emitió condenas por encubrimiento contra altos rangos de la orden, el Ejecutivo considera que la lentitud y la influencia institucional han frenado el acceso real a la reparación. En ese sentido, la viceministra Jessica Echeverría señaló que se examinarán casos emblemáticos donde el peso político o religioso de los acusados obstruyó el accionar judicial, mencionando específicamente la urgencia de esclarecer lo ocurrido con comunidades indígenas afectadas por otros religiosos.
Desde las agrupaciones de víctimas han recibido la noticia con cautela, expresando su preocupación por la cercanía de algunos funcionarios actuales con la defensa legal de los clérigos procesados. No obstante, el oficialismo mantiene su hoja de ruta centrada en la protección de los menores, planteando incluso la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre cambios constitucionales. El proyecto contempla habilitar canales directos de denuncia a partir del próximo mes, buscando que las investigaciones canónicas dejen de ser un refugio de opacidad y se transformen en la base de nuevas políticas estatales de defensa infantil.
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