La Ciudad de Buenos Aires incautó casi 13.000 vehículos, mayormente motocicletas, por irregularidades en sus patentes durante el último año. Los operativos buscan combatir delitos y mejorar la seguridad vial, retirando de circulación unidades con placas ocultas, adulteradas o inexistentes.
En un periodo que abarca trece meses, las autoridades porteñas retiraron de las calles casi 13.000 unidades debido a faltas graves relacionadas con sus placas identificatorias. El balance oficial, que comprende desde el inicio de 2025 hasta la actualidad, refleja una vigilancia intensiva sobre el parque automotor, detectando desde chapas modificadas o tapadas hasta la inexistencia total de las mismas. Esta ofensiva contra la irregularidad registral forma parte de un plan integral para sanear la circulación en la Capital Federal.
Al desglosar las cifras proporcionadas por el área de Seguridad que comanda Horacio Giménez, se observa que las motos representan el grueso de las retenciones, superando las 10.500 unidades, mientras que los autos rondan los 2.400 casos. Los agentes apostados en diversos corredores y límites de la jurisdicción no solo verifican la visibilidad de los caracteres alfanuméricos, sino que también exigen la presentación de la póliza de seguro, la oblea de inspección técnica y el permiso de conducir. El despliegue se ha vuelto constante en las quince comunas, con un énfasis especial en los nodos de mayor flujo de tránsito.
Desde el Gobierno de la Ciudad se sostiene que estas inspecciones son vitales para mitigar la siniestralidad y, fundamentalmente, para bloquear el desplazamiento de delincuentes que utilizan rodados sin identificar para cometer robos. La presencia de retenes policiales actúa como un freno a la conducción temeraria y garantiza que cada vehículo en la vía pública pueda ser rastreado ante cualquier incidente. La gestión enfatiza que el ordenamiento del espacio compartido requiere que todos los conductores se ajusten estrictamente a la normativa de identificación vigente.
Cuando un vehículo es trasladado a los depósitos habilitados, el dueño debe enfrentar un proceso administrativo ante la Dirección General de Administración de Infracciones. El protocolo exige que el titular regularice su situación frente a un controlador de faltas y abone las multas pertinentes. Solo tras obtener el certificado de restitución y presentar la documentación original en las playas de acarreo situadas en Parque Chacabuco o Mataderos, se autoriza el egreso de la unidad. Este mecanismo busca asegurar que ningún rodado vuelva a circular sin haber subsanado previamente la irregularidad que motivó su retención.
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