Desde el entorno presidencial buscaron restarle legitimidad a la huelga general, argumentando que la parálisis del transporte fue una herramienta de “extorsión” para impedir que los ciudadanos concurrieran a sus puestos de trabajo. “Tuvieron que parar el transporte para ocultar el fracaso de la convocatoria”, deslizaron fuentes cercanas al mandatario.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue la voz más filosa del oficialismo durante una transmisión de streaming Casa, en el barrio de Palermo. . El funcionario calificó a los sindicalistas como dirigentes “del pasado” y afirmó que la medida de fuerza es “perversa” porque atenta contra la libertad de quienes desean producir. “La gente los odia, tienen un 80% de imagen negativa”, disparó Adorni, quien además calculó que el impacto económico de la jornada ascenderá a los 600 millones de dólares en pérdidas para el país.
Pese a la contundencia del cese de actividades en los gremios ferroviarios y de colectivos, el Ministerio de Capital Humano reconoció que las intimaciones y amenazas de quita de personería gremial no lograron quebrar el paro. Desde la cartera laboral señalaron que la UTA admitió el carácter “político” de la protesta al vincularla directamente con el rechazo a la reforma laboral y no con un reclamo salarial. En tanto, fuentes oficiales confirmaron que los ministros Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello trabajaron con normalidad en sus despachos, mientras que Karina Milei tiene previsto asistir al Congreso para monitorear el debate legislativo.
El vallado en Plaza de Mayo y la custodia de la Casa Militar en Balcarce 50 completaron el escenario de un edificio que funcionó a media máquina. Sin embargo, el optimismo oficialista se concentró en el plano legislativo: el Gobierno confía ciegamente en que, a pesar de las protestas y los cortes en los accesos, logrará obtener el quórum y la aprobación del proyecto de reforma laboral en la sesión convocada para las 14.
“La ley sale”, repitieron como un mantra los funcionarios que lograron sortear el caos de transporte. Mientras el protocolo antipiquetes se despliega en las inmediaciones del Congreso, el Ejecutivo se prepara para capitalizar políticamente lo que consideran una pulseada ganada ante la dirigencia sindical tradicional, reforzando su discurso de confrontación directa con los gremios.