El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó al expresidente Yoon Seok-yeol a cadena perpetua tras hallarlo culpable de liderar la insurrección del pasado 3 de diciembre. La sentencia castiga el uso de militares para paralizar la Asamblea Nacional.
La 25.ª Sala Penal de Seúl dictó este jueves una sentencia histórica que marca la segunda vez que un exmandatario surcoreano es condenado por traición. El juez Ji Gwi-yeon determinó que el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional durante la fallida ley marcial de 2024 no fue un acto de gobierno, sino un motín destinado a subvertir el orden constitucional.
Aunque la fiscalía especial solicitó la pena de muerte, el tribunal optó por la cadena perpetua. Los magistrados consideraron la avanzada edad de Yoon, 65 años, y el hecho de que sus planes fracasaron sin el uso directo de munición real. Sin embargo, el fallo fue enfático al señalar que el expresidente planeó el crimen de forma proactiva, involucrando a las fuerzas de seguridad en un acto que “negó el propio Estado de derecho“.
En un movimiento jurídico inusual, el juez Ji citó el caso del rey Carlos I de Inglaterra, ejecutado en el siglo XVII por traicionar al Parlamento. Con este paralelismo, el tribunal subrayó que ningún poder, ni siquiera el de un jefe de Estado, está por encima de la soberanía popular depositada en el Poder Legislativo.
La sentencia calificó de “argumento confuso” la defensa de Yoon, quien sostuvo que buscaba proteger la democracia frente a la “dictadura” de la oposición.
El veredicto alcanzó a otros altos funcionarios del círculo íntimo de Yoon Suk-yeol. El exministro de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun, recibió una condena de 30 años de prisión por su rol en la conspiración.
Por su parte, el excomandante de inteligencia Noh Sang-won fue sentenciado a 18 años, mientras que los mandos policiales Cho Ji-ho y Kim Bong-sik recibieron penas de 12 y 10 años respectivamente.
El tribunal lamentó profundamente el daño causado a la neutralidad de las fuerzas armadas y la policía. Según el acta, el costo social del incidente es “incalculable”, dejando a una sociedad dividida y a numerosos funcionarios enfrentando la ruina profesional por haber acatado instrucciones irracionales.
Tras conocerse el fallo, el equipo legal de Yoon calificó el juicio como una formalidad con una conclusión escrita de antemano y anunció que apelará la decisión. Por otro lado, la fiscalía también evalúa recurrir la sentencia ante la negativa del tribunal de aplicar la pena capital.
¿Logrará el sistema judicial surcoreano cerrar esta herida institucional en las siguientes instancias o se profundizará la fractura social?
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