Agentes de seguridad de SNCF y RATP portarán pistolas eléctricas tras un decreto oficial. La medida experimental de tres años busca reducir el uso de armas de fuego y responder al aumento de violencia en trenes y metros de París.
Agentes de seguridad de SNCF y RATP portarán pistolas eléctricas tras un decreto oficial. La medida experimental de tres años busca reducir el uso de armas de fuego y responder al aumento de violencia en trenes y metros de París.
El Gobierno de Francia autorizó el pasado jueves el equipamiento de dispositivos de impulsos eléctricos, conocidos como Taser, para el personal de seguridad ferroviaria y del metro de la capital.
La iniciativa, presentada por el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, comenzará con una fase de prueba que alcanzará inicialmente a cerca de 400 agentes, lo que representa el 10% de la fuerza operativa de seguridad en los transportes.
Tabarot afirmó en la cadena TF1 que este armamento representa una respuesta adecuada para enfrentar la delincuencia en los servicios públicos. Según el funcionario, la medida atiende a las demandas de seguridad ciudadana y permite que los efectivos cuenten con herramientas de protección personal que eviten el escalamiento hacia el uso de armas letales.
La implementación se produce bajo un decreto destinado a optimizar el control en situaciones de alto riesgo. Actualmente, los 3.000 agentes del Servicio General de Vigilancia de la SNCF (SUGE) y los 1.000 del Grupo de Protección y Seguridad de la Red de la RATP (GPSR) ya cuentan con entrenamiento para portar armas de fuego.
Además, la incorporación de la pistola eléctrica busca ofrecer un recurso intermedio para inmovilizar sospechosos mediante descargas temporales antes de proceder a una detención.
Esta disposición ya había sido impulsada en la ley de seguridad de abril de 2025, pero el Consejo Constitucional la anuló por fallas en el procedimiento. Con la nueva normativa, el porte del dispositivo será individual y requerirá de una formación específica obligatoria para cada agente involucrado en el programa.
El uso de estas pistolas eléctricas genera posturas encontradas. Mientras que el Ministerio de Transportes señala su eficacia en países como Bélgica y el Reino Unido, grupos de derechos humanos advierten sobre la letalidad potencial de estos equipos si se emplean de forma incorrecta.
La medida entrará en vigor una vez que se definan los protocolos de actuación. Al finalizar los 36 meses de prueba, las autoridades someterán el dispositivo a una evaluación técnica para decidir su permanencia.
Queda por ver si esta tecnología logrará efectivamente reducir las lesiones en incidentes críticos o si su disponibilidad alterará los protocolos de intervención de los agentes en espacios concurridos.
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