La cúpula de la CGT prioriza la vía judicial para frenar la reforma laboral, distanciándose del paro de 36 horas lanzado por los sectores duros. Mientras los moderados evitan la confrontación directa, gremios de transporte y educación mantienen sus propias protestas.
La conducción principal de la Confederación General del Trabajo mantiene una postura de cautela y descarta, por el momento, sumarse a la huelga de 36 horas promovida por las vertientes más radicales del gremialismo. Mientras el Frente de Sindicatos Unidos presiona para paralizar el país este viernes ante la inminente sanción legislativa de los cambios en el régimen de trabajo, la “mesa chica” cegetista prefiere preservar su capital político y evitar escenarios de confrontación callejera que puedan derivar en incidentes. El bloque mayoritario, integrado por figuras de peso en la construcción, el comercio y sectores estatales moderados, argumenta que no existen condiciones sociales para una nueva medida de fuerza general y opta por trasladar la pelea al ámbito de los tribunales.
En lugar de un paro nacional, los equipos legales de la central obrera preparan una ofensiva jurídica basada en la supuesta inconstitucionalidad de la norma, alegando que vulnera derechos fundamentales y el principio de no regresividad social. Esta táctica contempla la posibilidad de una movilización institucional hacia la Plaza Lavalle para acompañar la presentación de amparos, replicando la metodología utilizada anteriormente contra decretos del Poder Ejecutivo. No obstante, el clima interno es complejo: mientras los sindicatos del transporte sugieren un esquema de interrupciones parciales rotativas inspiradas en el modelo francés, los gremios docentes y judiciales ya ejecutan sus propios planes de lucha por reclamos presupuestarios y el rechazo al traspaso de competencias a la órbita porteña. Esta fragmentación de estrategias pone a prueba la unidad del triunvirato conductor, que busca equilibrar las demandas de las bases más urgidas con una visión de largo plazo que prioriza la negociación y el litigio sobre la acción directa.
El procurador Eduardo Casal expuso en el Congreso las trabas del fallo Levinas y propuso un DNU para agilizar causas. Además, reclamó más presupuesto ante una pérdida del 47% y debatió sobre la saturación por la desfederalización del narcomenudeo.
La justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente de España, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en Badajoz. La sentencia determinó que el puesto fue un “traje a medida”, descartando el tráfico de influencias.
El director de la DEA, Terrance Cole, acusó al gobierno mexicano de tener vínculos indisolubles con los carteles de droga. México rechazó las afirmaciones por carecer de sustento, en medio de crecientes tensiones diplomáticas por soberanía y pedidos de extradición.
La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de “piratas usurpadores” a los ingleses antes de la semifinal mundialista, distanciándose de Seguridad, que prohibió banderas de Malvinas por considerarlas políticas. La oposición criticó la medida y aliados pidieron feriado nacional.
La inflación en Estados Unidos bajó al 3,5% en junio, registrando su primera caída mensual desde 2020 gracias al abaratamiento del combustible por una tregua en Medio Oriente. Sin embargo, el rebrote de tensiones amenaza con reactivar las subas.
La princesa Mette-Marit de Noruega recibió el alta tras un mes de su trasplante pulmonar. Agradecida por la donación que salvó su vida, iniciará una rehabilitación de medio año en su hogar, alejada de la agenda oficial del reino.
Cuba sufrió un nuevo apagón general por una falla técnica en una termoeléctrica clave, dejando sin servicio a toda la isla. Este tercer colapso en diez días evidencia la extrema fragilidad de una red afectada por la falta de combustible.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, defendió la reelección indefinida aprobada por su mayoría legislativa, comparando el sistema con democracias europeas. Nominado por su partido para los comicios de 2027, el mandatario buscará un tercer período consecutivo bajo un reformado marco constitucional.
