En el marco de un encuentro federal celebrado en la planta procesadora de alimentos INCA en San Rafael, referentes de pequeñas y medianas empresas de diversos rubros trazaron una hoja de ruta para transformar su rol institucional. El cónclave, liderado por los integrantes del Movimiento Nacional Pyme, evidenció un giro estratégico: abandonar la posición de repliegue para buscar una participación directa en los espacios donde se define el rumbo económico. Los asistentes coincidieron en que la actual estructura de costos, asfixiada por una presión fiscal que estiman en un 65% y una ausencia crítica de crédito productivo, requiere interlocutores que comprendan la dinámica interna de las fábricas.
La competencia con productos extranjeros, especialmente los derivados del tomate y durazno provenientes de Asia, centró gran parte de las preocupaciones. Según los directivos, el ingreso masivo de insumos subsidiados desde China ha forzado una reducción drástica en la superficie de cultivo local, a pesar de los buenos rendimientos agrícolas. Esta situación se ve agravada por una demanda interna que no logra despegar, lo que genera un escenario de incertidumbre sobre la viabilidad de las firmas familiares frente a la apertura comercial irrestricta. La dirigencia empresarial subrayó que la reforma laboral en discusión no logra abordar de manera integral la problemática del empleo si no se acompaña de incentivos reales a la inversión para este segmento.
Finalmente, la reunión sirvió para consolidar el avance de cuadros empresarios en la gestión pública y el armado electoral en provincias como Tucumán, Santa Fe y Chaco. Tomando como referencia experiencias locales de integración en gabinetes productivos, los miembros del movimiento apuestan a ocupar escaños y cargos ejecutivos para reformular el sistema impositivo y garantizar financiamiento durante las temporadas de cosecha. Para este colectivo, la meta es clara: transparentar sus estructuras de gastos ante la ciudadanía para desmitificar su papel en la formación de precios y asegurar que sus reclamos lleguen, sin intermediarios ajenos, a las máximas autoridades del Palacio de Hacienda.