Aerolíneas Argentinas alcanzó un superávit de USD 112,7 millones en 2025, logrando operar sin subsidios estatales por primera vez desde su reestatización. Pese a la solvencia y renovación de flota, el Gobierno impulsa su privatización para evitar futuros déficits.
Aerolíneas Argentinas consolidó su recuperación económica al finalizar el ejercicio 2025 con una utilidad operativa de 112,7 millones de dólares. Este desempeño representa un crecimiento significativo respecto al superávit del ciclo previo y marca un hito histórico: por primera vez en casi dos décadas de gestión pública, la compañía no requirió financiamiento por parte del Tesoro Nacional para cubrir sus operaciones. Con ingresos brutos que superaron la barrera de los 2.200 millones de dólares, la firma logró sanear sus cuentas sin interrumpir la prestación del servicio, dejando atrás el promedio de pérdidas anuales que caracterizó su desempeño entre 2008 y 2023.
El informe de gestión destaca que la rentabilidad no afectó la conectividad, manteniendo un ritmo de 300 vuelos diarios y transportando a cerca de 12,8 millones de pasajeros anuales. La optimización de recursos, que incluyó una reducción del personal jerárquico y la eliminación de trayectos deficitarios durante 2024, permitió a la empresa reducir su pasivo financiero en más de un 40%. Bajo esta nueva solvencia, la dirección de la compañía inició un proceso de licitación para integrar 18 aeronaves de última generación, buscando potenciar su competitividad frente a otros actores de la industria aérea y mejorar los estándares de confianza entre sus usuarios.
A pesar de los resultados favorables, el Poder Ejecutivo mantiene firme su intención de transferir la propiedad de la aerolínea al sector privado. Desde la Casa Rosada argumentan que el superávit actual aumenta el atractivo de la empresa para potenciales inversores internacionales y minimiza el riesgo de futuras erogaciones estatales ante cambios de signo político. Esta estrategia se enmarca en un plan más amplio de liquidación de activos públicos para afrontar compromisos de deuda externa, por lo que el oficialismo buscará reflotar la autorización legislativa necesaria en el Congreso, confiando en que el saneamiento contable facilite el consenso político para su venta definitiva.
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