El organismo de control busca determinar el destino de 450 millones de dólares tras el incumplimiento de la entidad.
El organismo de control busca determinar el destino de 450 millones de dólares tras el incumplimiento de la entidad.
La pulseada entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo determinante. La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó formalmente al Ministerio de Justicia la designación de veedores oficiales en la AFA, luego de que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia ignorara el plazo para presentar una ampliación documental sobre sus estados contables. La medida, firmada por Daniel Vítolo, apunta a transparentar el manejo financiero de la asociación, con el foco puesto en un bache de 450 millones de dólares acumulados entre 2017 y 2024.
La veeduría solicitada no solo busca desmenuzar el balance cerrado a mediados de 2025, sino que también pretende auditar la creación y equipamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA). Para los sabuesos de la IGJ, existen zonas grises en las contrataciones de personal, adquisiciones de inmuebles y convenios celebrados por dicha institución educativa. Según Vítolo, esta intervención no implica una sanción anticipada, sino el ejercicio regular de las facultades de fiscalización ante la negativa sistemática de la AFA a brindar información verificable.
Otro eje central de la auditoría son los vínculos comerciales con terceros. La IGJ ordenó investigar los contratos celebrados con la firma TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni, y las operaciones con el Grupo Sur Finanzas. Se busca rastrear los montos percibidos por derechos comerciales, las rendiciones de cuentas y, fundamentalmente, las remesas de divisas enviadas o recibidas en el exterior que no habrían sido debidamente documentadas ante el organismo de control.
El conflicto se agrava por la disputa jurisdiccional sobre la sede social. La IGJ ratificó que la AFA sigue bajo su órbita tras rechazar el intento de “mudanza” a la provincia de Buenos Aires, calificando el domicilio bonaerense como una “sede social falsa”. Con este escenario, los veedores tendrán facultades plenas para revisar libros y soportes documentales, en lo que representa el desafío más serio a la autonomía de Tapia desde que el Ejecutivo intensificó el control sobre las cuentas del fútbol profesional.
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