Claudia Sheinbaum presentó una reforma para reducir un 25% el costo electoral en México. La propuesta incluye recortes al INE, la eliminación del conteo rápido (PREP) y la supresión de legisladores plurinominales para que la elección dependa únicamente del voto directo.
La administración federal mexicana ha formalizado un ambicioso proyecto de enmienda constitucional que busca reconfigurar las bases del andamiaje democrático del país. Esta propuesta, encabezada por la mandataria Claudia Sheinbaum, tiene como eje central la austeridad financiera, con la meta de recortar un 25% del presupuesto destinado a la organización de los comicios. Se trata de una continuidad de los esfuerzos iniciados durante el sexenio anterior por Morena, aunque esta vez el Ejecutivo cuenta con un panorama legislativo que podría facilitar su aprobación definitiva.
El núcleo de la reforma propone una poda significativa en los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral (INE), extendiendo los recortes a las sedes regionales y a las partidas que reciben las fuerzas políticas. Un punto de alta sensibilidad técnica es la intención de suprimir el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Según el equipo redactor de la iniciativa, este tipo de herramientas, junto con los elevados salarios de los consejeros y jueces, representan un gasto superfluo que la ciudadanía exige limitar para optimizar la inversión pública en otras áreas del Estado.
Uno de los pilares más drásticos de la propuesta radica en la modificación de la representación en el Congreso. El plan prevé reducir el Senado a 96 integrantes mediante la eliminación de los escaños de representación proporcional, conocidos habitualmente como plurinominales. La presidenta defendió esta medida argumentando que el objetivo es que el acceso a las curules dependa exclusivamente del sufragio directo de los electores y no de las decisiones internas de las dirigencias partidistas. De este modo, se busca terminar con las cuotas asignadas a las cúpulas políticas para dar mayor peso a la voluntad popular en las urnas.
Mientras el oficialismo asegura que estas modificaciones prevendrán irregularidades históricas y garantizarán la transparencia, sectores de la oposición y diversos analistas manifiestan su preocupación por el impacto que podría tener en el pluralismo. Los críticos advierten que centralizar las decisiones electorales y debilitar la proporcionalidad podría conducir a un sistema de partido hegemónico, dificultando la visibilidad de las minorías. Ante estos señalamientos, Sheinbaum rechazó la idea de instaurar un modelo de partido único, afirmando que la reforma solo pretende democratizar la selección de representantes y aliviar la carga económica que el sistema actual impone al contribuyente.
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