ARCA inició fiscalizaciones masivas por la actualización de quebrantos por inflación. Las compañías la consideran confiscatoria y llevan el conflicto a la Justicia. Un caso testigo ante el Tribunal Fiscal definirá el futuro del sector.
ARCA inició fiscalizaciones masivas por la actualización de quebrantos por inflación. Las compañías la consideran confiscatoria y llevan el conflicto a la Justicia. Un caso testigo ante el Tribunal Fiscal definirá el futuro del sector.
Un conflicto impositivo de magnitud silenciosa pero consecuencias enormes enfrenta al Gobierno de Javier Milei con el sector empresario. ARCA —la ex AFIP— reclama a las compañías privadas al menos US$5.000 millones en concepto de impuesto a las ganancias, un monto que el sector privado rechaza pagar por considerarlo confiscatorio y que ya derivó en una batalla judicial que podría definir el futuro tributario de las grandes empresas argentinas.
La disputa tiene un origen técnico pero impacto descomunal. En un contexto de inflación de tres dígitos —211% en 2023 y 118% en 2024—, numerosas compañías actualizaron por inflación los saldos negativos conocidos como quebrantos impositivos, es decir, las pérdidas que pueden trasladarse a ejercicios futuros para compensarlas con ganancias posteriores. El Gobierno sostiene que esa actualización no está habilitada por la ley y, desde noviembre de 2024, ARCA inició fiscalizaciones masivas sobre empresas de los sectores automotor, alimenticio, energético, siderúrgico y de servicios públicos.
La paradoja es ideológica: una administración que se proclama libertaria y favorable a la reducción impositiva impide a las empresas protegerse de la erosión inflacionaria en sus declaraciones fiscales. La decisión generó críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA), que la calificó como un mecanismo que “genera efectos confiscatorios, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos”, y de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), que advirtió que la medida lleva a “tributar sobre rentas ficticias”.
Pocas empresas aceptaron los planes de pago ofrecidos por el organismo recaudador. Las más notorias son YPF —que pagará US$1.000 millones, cifra que ya impactó en su balance anual de 2025— y Pampa Energía. La mayoría, en cambio, presentó sus declaraciones juradas informando que había actualizado los quebrantos —para no incurrir en infracciones bajo la ley penal tributaria— pero se negó a pagar la diferencia reclamada.
El caso testigo que todo el sector sigue con lupa es el de la generadora eléctrica PCR, que recibió intimaciones y amenazas de denuncia penal de parte de ARCA y decidió recurrir al Tribunal Fiscal de la Nación. Ese organismo, que actúa como instancia contencioso-administrativa con rango equiparable al judicial, tiene la facultad de suspender la ejecución de la deuda mientras analiza el caso. “Todos estamos mirando qué pasa con PCR”, reconoció un tributarista bajo reserva, quien advirtió que los montos en disputa son tan elevados que ni siquiera un plan de pagos a diez años atenuaría el impacto financiero.
En paralelo, varias compañías acudieron directamente a la Justicia para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la medida. La controversia tiene además un origen concreto: fue la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quien en 2024 firmó el dictamen que establece que los quebrantos no pueden actualizarse por inflación. La funcionaria ocupa el cargo desde 2012, atravesando distintas administraciones.
El propio Gobierno reconoció implícitamente la tensión al incluir en el reciente proyecto de Modernización Laboral un artículo que habilita la actualización de quebrantos por inflación a partir de 2026, pero dejó expresamente aclarado que en ejercicios anteriores no correspondía aplicarla. Una distinción que el sector privado lee como una confirmación de que la medida retroactiva es injusta.
El conflicto se agudiza en un momento en que la recaudación cae y el Gobierno necesita mantener el equilibrio fiscal sin margen para resignar ingresos.
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