El Departamento de Justicia estadounidense solicitó participar en la audiencia del 16 de abril ante la Corte de Apelaciones. La administración de Donald Trump busca frenar la entrega de acciones de la petrolera y proteger la inmunidad soberana del país.
El conflicto legal por la expropiación de YPF en 2012 sumó un capítulo de relevancia institucional en los tribunales de Nueva York. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) formalizó un pedido para intervenir en la audiencia oral prevista para el próximo 16 de abril.
Esta acción representa un respaldo a la postura argentina frente a las órdenes de ejecución dictadas por la jueza Loretta Preska, quien dispuso el traspaso del 51% de las acciones de la compañía a los demandantes.
La intervención del gobierno estadounidense se produce bajo la figura de amicus curiae. Los delegados federales argumentaron que obligar a un Estado soberano a transferir sus activos estratégicos podría generar un daño irreparable y vulnerar leyes internacionales de inmunidad.
En términos procesales, la Procuración del Tesoro de la Nación, encargada de la defensa argentina, cedió cinco de sus 20 minutos de exposición para que los representantes de la administración de Trump presenten sus argumentos ante el tribunal.
Argentina enfrenta una condena de primera instancia que la obliga a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esta cifra, que devenga intereses anuales del 5,42% desde septiembre de 2023, ya acumula un adicional de aproximadamente 2.000 millones de dólares.
Mientras se aguarda una resolución sobre el fallo de fondo, la audiencia de abril se centrará en tres apelaciones específicas que impactan directamente en el patrimonio estatal.
El primer punto en disputa es la orden de entrega de las acciones (turnover). El segundo eje refiere al proceso de discovery, mediante el cual los demandantes exigen acceso a comunicaciones privadas de funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Finalmente, se tratará la presentación de la organización Republic Action for Argentina (RAFA), que solicita investigar presuntos hechos de corrupción en el ingreso original del Grupo Petersen a la petrolera.
La defensa argentina busca evitar que el proceso de identificación de bienes alcance activos sensibles. Los demandantes intentan demostrar que entidades como el Banco Central (BCRA), Aerolíneas Argentinas, Arsat y Enarsa funcionan como un “alter ego” del Estado. De probarse esta hipótesis, bienes como las reservas de oro, satélites y aeronaves podrían ser sujetos de embargo para cubrir la millonaria sentencia.
Por su parte, los beneficiarios del fallo mantienen una estrategia de presión sobre el crédito soberano. Burford Capital, que posee una participación mayoritaria en los derechos del juicio, busca obstaculizar futuras emisiones de deuda argentina como herramienta de negociación para forzar el cobro de la sentencia.
El panel de jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson deberá decidir sobre estas medidas cautelares, mientras el país aguarda el fallo definitivo sobre el monto total de la condena.
La resolución de este conflicto, que afecta la estructura energética y financiera de la Nación, parece encaminarse inevitablemente hacia una revisión final por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre fenómenos climáticos “peligrosos” en más de medio país. El AMBA se encuentra bajo alerta amarilla, con ráfagas de hasta 60 km/h y un marcado descenso de temperatura para las próximas horas.
La canasta básica de servicios para una familia tipo ya se ubica en $2.980.339 mensuales en marzo de 2026. El incremento en tarifas, transporte, salud y educación duplicó la inflación acumulada desde noviembre, asfixiando el presupuesto familiar.
La expresidenta declaró de forma presencial por la causa “Cuadernos” y lanzó duras críticas contra el Gobierno. Aseguró que Javier Milei utiliza su situación judicial para “tapar la catástrofe económica” y lo vinculó al escándalo de las criptomonedas.
El mercado financiero puso la lupa en julio de 2027 como el límite para la solvencia del modelo. Con el riesgo país estancado en 600 puntos y una industria en caída libre, el Gobierno busca desesperadamente dólares para cubrir un bache de US$ 10.000 millones.
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El canciller Pablo Quirno confirmó que el país deja de integrar el organismo sanitario internacional. La medida, impulsada por Javier Milei, se hace efectiva tras cumplirse un año de la notificación formal. Se priorizarán acuerdos bilaterales.
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