Una delegación de funcionarios trasandinos recorrió las obras de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo. Destacaron los plazos de ejecución rápidos para combatir la sobrepoblación carcelaria.
Una delegación de funcionarios trasandinos recorrió las obras de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo. Destacaron los plazos de ejecución rápidos para combatir la sobrepoblación carcelaria.
La provincia de Santa Fe se consolida como un punto de referencia regional en materia de infraestructura penitenciaria. Autoridades del Gobierno provincial recibieron a una comitiva de funcionarios de la República de Chile con el objetivo de recorrer las obras que la gestión de Maximiliano Pullaro ejecuta en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, ubicada en el departamento La Capital.
El eje central del intercambio estuvo puesto en los plazos y la innovación constructiva local.
Durante la recorrida por el predio, la secretaria de Asuntos Penales de la Provincia, Lucía Masneri, precisó que la obra civil ya presenta un 95% de avance, por lo que “en aproximadamente tres meses la vamos a poder empezar a utilizar”.
Esta nueva unidad contará con una capacidad de alojamiento para 891 internos, divididos entre hombres y mujeres bajo estrictos criterios de tecnología y seguridad edilicia.
El proyecto busca resolver de manera urgente el problema de la saturación de detenidos en dependencias policiales.
Al respecto de la planificación a largo plazo frente a un sistema que suma tres reclusos diarios, Masneri remarcó que el Gobierno provincial “está pensando toda la obra pública en 5 cárceles nuevas y 2 ampliaciones, contemplando la sobrepoblación en comisarías, la sobrepoblación penitenciaria y la proyección de crecimiento de toda la provincia”.
Por su parte, la delegación chilena destacó la velocidad de los procesos constructivos santafesinos. Loreto González, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, explicó que bajo la gestión del presidente José Antonio Kast la seguridad es prioridad y que necesitan soluciones urgentes para la segregación penal, especialmente ante el aumento de la población carcelaria extranjera.
Al comparar las realidades de ambos países, González confesó que “en Chile una cárcel se construye en 4 a 7 años”, un plazo que contrasta fuertemente con la dinámica de Santa Fe. Tras la visita, la funcionaria concluyó: “Nos llevamos muchas ideas y modelos, pero sobre todo el método constructivo, por lo que tomaremos lo que más se adecúe a nuestra normativa ya que necesitamos hacer plazas rápidas”.
El itinerario de los funcionarios trasandinos incluyó también una visita previa a la Unidad de Piñero para conocer de cerca las obras de “El Infierno”, la cárcel de máxima seguridad destinada a narcos y sicarios. Allí ponderaron de forma positiva la política del gobierno de separar drásticamente a los reclusos de alto perfil del resto de la población carcelaria.
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