Algoritmo como jefe y sin red de contención: la otra cara del trabajo en plataformas

La ausencia de un supervisor humano no significa libertad real. En su lugar opera un sistema de puntuación que puede degradar o directamente suspender la cuenta de un repartidor sin contemplar las condiciones reales de la calle. Un corte de tránsito por una manifestación, una tormenta o un desvío imprevisto tienen el mismo peso para el sistema que una demora injustificada. Si el pedido llega tarde, la penalización es automática.

Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, este esquema tiene un nombre preciso: trabajo dependiente disfrazado de independencia. “Se los registra como independientes cuando sus condiciones reúnen las de un trabajo dependiente”, explicó a Perfil en una nota.

Según el especialista, Argentina va a contramano del mundo: mientras la OIT avanza en la redacción de un convenio global para 2026 que busca fijar estándares mínimos de trabajo decente en plataformas, la reciente reforma laboral local profundizó la figura del trabajador independiente, dejando a este sector aún más expuesto.

Ottaviano también advirtió sobre lo que llamó una “falsa sensación de cobertura”: el seguro de accidentes personales que ofrecen las plataformas no reemplaza a una ART. Ante una enfermedad o un siniestro grave, el repartidor costea su atención médica de su bolsillo y pierde sus ingresos al mismo tiempo. Y si la plataforma decide bloquearlo, no hay indemnización: es un despido sin consecuencias legales para la empresa.

“Miseria y extrema precariedad”

La secretaria general del SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación), Belén D’Ambrosio, fue directa en diálogo con Perfil: “Estamos atravesando una situación de miseria y extrema precariedad. Trabajamos por pedido entregado y hoy cada uno está entre $1.200 y $2.500”.

D’Ambrosio describió un combo que se retroalimenta con la crisis económica general: más repartidores compitiendo por menos pedidos. La caída del consumo redujo la demanda, pero la falta de empleo en otros sectores empujó a más personas hacia las apps. El resultado es una sobreoferta de trabajadores que presiona los ingresos hacia abajo y obliga a extender las jornadas para compensar.

La dirigente también puso el foco en un fenómeno que crece en silencio: la feminización del sector. “Cada vez hay más mujeres repartiendo, muchas veces porque el marido perdió el empleo o porque no alcanza con un solo ingreso familiar”, señaló a este medio. Para ellas, la exposición se multiplica: a la inseguridad vial y las condiciones climáticas se suma la vulnerabilidad específica de circular sola en la calle.

El caso más crudo que citó D’Ambrosio fue el de Daiana, una joven de 23 años que murió atropellada mientras trabajaba para Rappi en 2025. “La familia no recibió ningún seguro de vida. La empresa se lava las manos diciendo que no hay relación laboral, cuando en realidad somos nosotros quienes generamos sus ganancias multimillonarias”, denunció.

El otro lado del mostrador

Desde los locales gastronómicos, la mirada sobre el sistema es ambivalente. Agustín Nieto, dueño de Botánica, un restaurante de comida saludable en Núñez, reconoció ante Perfil que las plataformas representan hoy entre el 25% y el 30% de sus ventas totales y generan una visibilidad que de otro modo sería difícil de alcanzar. Pero las comisiones que cobran las apps escalaron del 18% inicial a cerca del 25% actual, lo que obliga a recalcular precios constantemente en un rubro donde los márgenes ya son estrechos.

Sobre los repartidores, Nieto fue claro: “Se los ve trabajar muchísimo, con frío, calor o lluvia. Tratamos de ser rápidos porque sabemos que cada minuto para ellos cuenta”. Y fue más allá: “Son una parte clave del circuito y ojalá con el tiempo puedan tener ingresos más justos y mayor protección”.

Sin definición a la vista

El Congreso y la Justicia siguen postergando una definición sobre el estatus legal de estos trabajadores. Mientras tanto, la OIT avanza en sus estándares globales y las plataformas siguen expandiéndose. El sistema funciona sobre una asimetría estructural que nadie parece apurado en resolver: las empresas aportan el código y se quedan con las ganancias; los trabajadores ponen el cuerpo, la moto, el combustible y todos los riesgos.