El Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir en la causa $LIBRA, minimizando las filtraciones sobre presuntos pagos y chats de ministros. Mientras la Justicia investiga la divulgación de datos, la oposición en el Congreso exige informes a los funcionarios.
La Casa Rosada ha decidido ratificar una postura de prescindencia ante el avance de las investigaciones judiciales vinculadas a la promoción de la criptomoneda Libra. A pesar de que nuevas evidencias apuntan a figuras de la primera línea del Gabinete, desde el entorno presidencial sostienen que no se tomarán determinaciones administrativas ni políticas. La administración libertaria busca minimizar la relevancia de los documentos filtrados recientemente, los cuales sugieren la existencia de convenios financieros y diálogos directos entre funcionarios nacionales y los gestores del activo digital cuestionado.
El eje del conflicto gubernamental se ha desplazado hacia la legalidad de las filtraciones del sumario. Si bien circularon capturas de pantalla de supuestos chats de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del propio mandatario, el Gobierno ha calificado gran parte de ese material como apócrifo. No obstante, la divulgación de datos sensibles provocó que la Procuración General de la Nación, bajo la tutela de Eduardo Casal, iniciara una auditoría interna y una denuncia penal para dar con los responsables de la brecha informativa dentro de los organismos técnicos de investigación judicial.
Juan Bautista Mahiques, recientemente designado al frente de la cartera de Justicia, aclaró que la acción penal por las filtraciones fue una iniciativa autónoma del Ministerio Público Fiscal y no un pedido del Ejecutivo. Desde su entorno confirmaron que el Ministerio no aportará nuevos elementos a la causa, argumentando que el Estado ya colaboró lo suficiente durante las etapas iniciales del proceso. En la misma sintonía, la Procuración del Tesoro, ahora liderada por Sebastián Amerio, rechazó cualquier tipo de participación en el asunto, limitando su competencia exclusivamente a la defensa de los intereses estatales y no de los particulares de los funcionarios implicados.
Mientras el oficialismo intenta cerrar filas, la oposición en el Congreso endurece su estrategia a través de la comisión investigadora. Los legisladores, encabezados por Maximiliano Ferraro, emitirán solicitudes de informes dirigidas a la cúpula del poder, incluyendo a Santiago Caputo y Karina Milei. El objetivo del bloque opositor es trazar una línea divisoria entre las acciones personales de los hermanos Milei y la investidura oficial, alegando una presunta utilización de recursos públicos para fines privados. En el plano legal, la defensa del jefe de Estado continuará en manos del abogado Francisco Oneto, manteniendo el criterio de que se trata de un litigio ajeno a la esfera gubernamental.
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