El Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir en la causa $LIBRA, minimizando las filtraciones sobre presuntos pagos y chats de ministros. Mientras la Justicia investiga la divulgación de datos, la oposición en el Congreso exige informes a los funcionarios.
La Casa Rosada ha decidido ratificar una postura de prescindencia ante el avance de las investigaciones judiciales vinculadas a la promoción de la criptomoneda Libra. A pesar de que nuevas evidencias apuntan a figuras de la primera línea del Gabinete, desde el entorno presidencial sostienen que no se tomarán determinaciones administrativas ni políticas. La administración libertaria busca minimizar la relevancia de los documentos filtrados recientemente, los cuales sugieren la existencia de convenios financieros y diálogos directos entre funcionarios nacionales y los gestores del activo digital cuestionado.
El eje del conflicto gubernamental se ha desplazado hacia la legalidad de las filtraciones del sumario. Si bien circularon capturas de pantalla de supuestos chats de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del propio mandatario, el Gobierno ha calificado gran parte de ese material como apócrifo. No obstante, la divulgación de datos sensibles provocó que la Procuración General de la Nación, bajo la tutela de Eduardo Casal, iniciara una auditoría interna y una denuncia penal para dar con los responsables de la brecha informativa dentro de los organismos técnicos de investigación judicial.
Juan Bautista Mahiques, recientemente designado al frente de la cartera de Justicia, aclaró que la acción penal por las filtraciones fue una iniciativa autónoma del Ministerio Público Fiscal y no un pedido del Ejecutivo. Desde su entorno confirmaron que el Ministerio no aportará nuevos elementos a la causa, argumentando que el Estado ya colaboró lo suficiente durante las etapas iniciales del proceso. En la misma sintonía, la Procuración del Tesoro, ahora liderada por Sebastián Amerio, rechazó cualquier tipo de participación en el asunto, limitando su competencia exclusivamente a la defensa de los intereses estatales y no de los particulares de los funcionarios implicados.
Mientras el oficialismo intenta cerrar filas, la oposición en el Congreso endurece su estrategia a través de la comisión investigadora. Los legisladores, encabezados por Maximiliano Ferraro, emitirán solicitudes de informes dirigidas a la cúpula del poder, incluyendo a Santiago Caputo y Karina Milei. El objetivo del bloque opositor es trazar una línea divisoria entre las acciones personales de los hermanos Milei y la investidura oficial, alegando una presunta utilización de recursos públicos para fines privados. En el plano legal, la defensa del jefe de Estado continuará en manos del abogado Francisco Oneto, manteniendo el criterio de que se trata de un litigio ajeno a la esfera gubernamental.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre fenómenos climáticos “peligrosos” en más de medio país. El AMBA se encuentra bajo alerta amarilla, con ráfagas de hasta 60 km/h y un marcado descenso de temperatura para las próximas horas.
La canasta básica de servicios para una familia tipo ya se ubica en $2.980.339 mensuales en marzo de 2026. El incremento en tarifas, transporte, salud y educación duplicó la inflación acumulada desde noviembre, asfixiando el presupuesto familiar.
La expresidenta declaró de forma presencial por la causa “Cuadernos” y lanzó duras críticas contra el Gobierno. Aseguró que Javier Milei utiliza su situación judicial para “tapar la catástrofe económica” y lo vinculó al escándalo de las criptomonedas.
El mercado financiero puso la lupa en julio de 2027 como el límite para la solvencia del modelo. Con el riesgo país estancado en 600 puntos y una industria en caída libre, el Gobierno busca desesperadamente dólares para cubrir un bache de US$ 10.000 millones.
El régimen de Teherán acusó al presidente argentino de cruzar una “línea roja” y convertir al país en el “Israel de América Latina”. Advierten por una respuesta “proporcionada” tras el discurso de Javier Milei en Nueva York.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el país deja de integrar el organismo sanitario internacional. La medida, impulsada por Javier Milei, se hace efectiva tras cumplirse un año de la notificación formal. Se priorizarán acuerdos bilaterales.
El Ministerio de Justicia designó veedores para auditar a la AFA por 180 días. La medida busca revisar balances y contratos sospechosos tras detectar irregularidades administrativas. El control ocurre en medio de una disputa política por la jurisdicción de la entidad.
En 1992, la población blanca de Sudáfrica votó mayoritariamente a favor de terminar con el apartheid en un referéndum histórico. El triunfo del “Sí” desactivó a la extrema derecha, validó las reformas de De Klerk y permitió la posterior elección de Nelson Mandela.
