El gobierno de Nayib Bukele propuso aplicar cadena perpetua a menores que cometan delitos graves, endureciendo la ofensiva contra pandillas. La medida, que busca eliminar la impunidad juvenil, enfrenta duras críticas internacionales de organismos que denuncian violaciones a los derechos humanos.
El Ejecutivo salvadoreño presentó el jueves una iniciativa legal que busca aplicar la reclusión perpetua a menores de edad que incurran en delitos graves como homicidio o violación. La medida, que no distingue entre la pertenencia o no a estructuras pandilleras, fue defendida ante el Congreso por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Según el funcionario, el marco jurídico previo permitía que las organizaciones criminales utilizaran a los jóvenes como un recurso impune y descartable, situación que pretenden erradicar equiparando sus penas a las de los adultos en casos de alta peligrosidad social.
Esta propuesta complementa la reciente reforma constitucional que eliminó la prohibición de la cárcel de por vida en el país, fijando un nuevo estándar para quienes el Estado denomina terroristas y criminales violentos. El ministro de Defensa, Francis Merino, acompañó la presentación argumentando que la flexibilidad de las normativas anteriores fue la causa directa de la expansión de los homicidios en décadas pasadas. Hasta este cambio, la legislación local establecía un límite de 60 años de prisión, una barrera que el oficialismo considera insuficiente para garantizar la seguridad nacional y la desarticulación definitiva de las maras.
A pesar del amplio respaldo interno que ostenta la gestión de Nayib Bukele gracias a la drástica reducción de la violencia, organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado su rechazo. Estas entidades denuncian que la política de seguridad, amparada en un régimen de excepción que ya suma cuatro años, ha resultado en la detención de miles de adolescentes en condiciones que vulneran tratados internacionales. Informes recientes señalan casos de tortura y muertes bajo custodia, mientras que un grupo de juristas internacionales calificó estas acciones como crímenes de lesa humanidad la semana pasada.
Desde el bloque legislativo oficialista se sostiene que no existen alternativas de rehabilitación para los miembros de grupos como la Mara Salvatrucha o el Barrio 18. La postura del gobierno es de “tolerancia cero”, rechazando las observaciones de las ONG, a las que el presidente Bukele tilda de defensoras de delincuentes. Mientras la asamblea se prepara para ratificar estas penas, el Ministerio de Seguridad justifica la dureza de la norma comparándola con sistemas judiciales de otros países del continente, asegurando que la prioridad absoluta es evitar que los criminales regresen a las calles bajo cualquier circunstancia.
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