El Gobierno de Javier Milei difundirá un video por los 50 años del golpe militar bajo la premisa de “memoria completa”. La pieza incluirá nuevas voces para recordar tanto los crímenes estatales como los ataques guerrilleros, cuestionando la cifra de desaparecidos.
En vísperas de cumplirse medio siglo del quiebre institucional de 1976, la administración de Javier Milei ha finalizado la producción de un mensaje que será difundido a través de canales digitales. La propuesta oficial busca disputar el sentido histórico de la fecha bajo la premisa de una “visión integral” de los hechos violentos ocurridos en la década del setenta. A diferencia de emisiones anteriores, el Gobierno ha decidido renovar los protagonistas del relato para evitar la repetición de figuras, bajo la supervisión directa del equipo de estrategia comunicacional de la Casa Rosada.
El eje central del discurso gubernamental sostiene que la narrativa predominante en las últimas décadas ha sido parcial. Desde el entorno presidencial se promueve el reconocimiento de los crímenes perpetrados por el Estado, pero se exige la misma visibilidad para los damnificados por las organizaciones insurgentes. En este marco, el Jefe de Estado ha vuelto a poner en duda el número simbólico de víctimas, remitiéndose exclusivamente a los registros documentados por la Conadep en los años ochenta. Para el oficialismo, omitir una parte del conflicto bélico interno equivale a una distorsión de la realidad histórica que pretenden subsanar con esta nueva intervención pública.
Como parte de las acciones previas a la conmemoración, la Secretaría de Inteligencia de Estado ha liberado documentos que datan del periodo dictatorial. Estos informes revelan, entre otros puntos, los mecanismos de control ideológico y la censura aplicada sobre la producción cultural de la época, específicamente a través de divisiones dedicadas al análisis literario y de medios. Sin embargo, este movimiento de apertura convive con una postura rígida en los cuerpos legislativos, donde los representantes libertarios se han retirado de votaciones de repudio al golpe, argumentando que los proyectos presentados por la oposición poseen un sesgo ideológico que no comparten.
La postura del Gobierno ha generado reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad civil y el arco político. Referentes históricos de la defensa de las garantías individuales han manifestado su inquietud ante lo que perciben como un intento de imponer una interpretación oficial que podría rozar el autoritarismo discursivo. Advierten que la búsqueda de una verdad absoluta o unánime suele colisionar con los principios de pluralidad democrática. Mientras tanto, en las cámaras de representantes, la tensión aumenta entre quienes defienden la interpretación tradicional de los derechos humanos y quienes, como el oficialismo, proponen una relectura del pasado basada en la teoría de la confrontación de dos bandos.
El acuerdo Unión Europea-Mercosur iniciará su aplicación provisional el 1° de mayo, eliminando aranceles para autos y maquinaria europea, y alimentos sudamericanos. Pese a las críticas del agro francés, el pacto busca fortalecer ambos bloques frente a la competencia global.
Anses prorrogó hasta marzo de 2026 la entrega de la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido de 2024. El trámite, que certifica salud y educación, se realiza por la web o app “mi ANSES” cargando el formulario firmado.
Buenos Aires conmemora 50 años del golpe con museos y centros culturales abiertos. Destacan la Feria del Libro en la ex ESMA, muestras en el Palacio Libertad y cine temático en el Gaumont. El transporte operará con cronograma de feriado.
Italia define en un referéndum clave la reforma judicial impulsada por Giorgia Meloni. La votación, que propone separar las carreras de jueces y fiscales, se transformó en un plebiscito sobre el liderazgo de la primera ministra y su peso en Europa.
La Corte Suprema medió en el conflicto entre Nación y Buenos Aires por una deuda previsional de $2,2 billones. Tras una audiencia cara a cara, ambas gestiones iniciaron un intercambio de datos técnicos para alcanzar un acuerdo antes del 21 de abril.
El Gobierno planea reducir un 10% la planta estatal en 2026, afectando a unos 27.000 empleados. El recorte inicial de 6.000 puestos se centrará en organismos descentralizados como Anses y Conicet, mediante la no renovación de contratos y retiros voluntarios.
La Justicia de EE. UU. suspendió temporalmente los embargos contra Argentina por el caso YPF, tras presiones de la gestión Trump. Aunque el país gana tiempo para resguardar activos, la Cámara de Apelaciones aceleraría un fallo de fondo para 2026.
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan inicia una fase crucial con la declaración de veinte testigos clave. El Tribunal evaluará peritajes técnicos y la cadena de mando para determinar responsabilidades penales tras la tragedia de 2017.
