El Gobierno planea reducir un 10% la planta estatal en 2026, afectando a unos 27.000 empleados. El recorte inicial de 6.000 puestos se centrará en organismos descentralizados como Anses y Conicet, mediante la no renovación de contratos y retiros voluntarios.
El Poder Ejecutivo nacional se dispone a ejecutar una nueva etapa en su estrategia de achique del gasto público, con la mirada puesta en una disminución significativa de la nómina de agentes del Estado. Según trascendió desde la Casa Rosada, el objetivo inmediato consiste en desvincular a una cifra que ronda entre los 5.000 y 6.000 empleados durante las próximas jornadas. Esta medida forma parte de un proyecto más ambicioso para el presente ciclo lectivo, el cual busca recortar un 10% del total de la planta de la administración central, así como de las compañías y sociedades controladas por el sector público, lo que representaría la salida de más de 27.000 trabajadores en el transcurso del año.
A diferencia de los ajustes previos que se concentraron en la estructura jerárquica y centralizada, la gestión de Javier Milei orientará sus próximos movimientos hacia los organismos descentralizados. La intención oficial es no renovar contratos anuales que vencen próximamente, una modalidad de contratación que el Gobierno considera heredada de décadas pasadas y que busca sanear. Entre las instituciones que se encuentran bajo revisión técnica para detectar funciones duplicadas o tareas que han quedado obsoletas se mencionan entes de relevancia como el Anses, el Conicet, el INTA y el Senasa, además de organismos de control como el ENRE y el Enargas.
Esta aceleración en el recorte de puestos estatales surge en un momento de fragilidad fiscal, motivada por la merma en los ingresos tributarios derivada del enfriamiento de la actividad productiva. No obstante, la decisión oficial coincide con un escenario social complejo: los últimos registros estadísticos del INDEC sitúan la tasa de desocupación en el 7,5%, un incremento notable respecto al 6,4% del periodo anterior. A pesar de que el número de desempleados a nivel nacional ya supera los 1,7 millones de personas, el Gobierno ratifica que la reducción del aparato estatal es un eje innegociable de su programa económico para alcanzar la eficiencia administrativa.
Para complementar la caída de contratos temporales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado continúa impulsando mecanismos de egreso acordado. Procesos de retiro voluntario ya se encuentran operativos en dependencias como la Dirección Nacional de Vialidad y en el sector de los medios públicos. Desde Balcarce 50 argumentan que el proceso de “motosierra” es una tarea constante y transversal, que no solo busca el ahorro directo, sino también eliminar la superposición de funciones entre la Nación y las provincias. Hasta la fecha, la actual administración ya ha reducido la plantilla en más de 60.000 puestos desde su asunción, consolidando una transformación profunda de la estructura laboral del país.
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