Comienza en Río de Janeiro el juicio contra Agostina Páez por injuria racial. La abogada argentina enfrenta hasta 15 años de cárcel tras ser filmada realizando gestos racistas. Actualmente usa tobillera electrónica y su defensa busca una pena mínima o absolución.
Este martes, la justicia brasileña dará inicio a una instancia determinante para Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años procesada por tres episodios de injuria racial. El Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro, bajo la conducción del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, evaluará las pruebas en una audiencia de instrucción y juzgamiento programada para las 15:30. La joven santiagueña enfrenta un panorama complejo, ya que la acumulación de los cargos imputados podría derivar en una sentencia de hasta 15 años de cárcel, dependiendo de la interpretación que realice la fiscalía sobre el concurso de los delitos.
La controversia se originó tras la difusión de un video captado a la salida de un local nocturno en Ipanema, donde se observa a la acusada realizando gestos despectivos y emitiendo sonidos que imitaban a primates dirigidos al personal del establecimiento. Según la versión de Páez, su conducta fue un exabrupto derivado de una supuesta estafa económica y maltratos previos por parte de los empleados. Si bien la defensa reconoce el error y la imputada ha manifestado su arrepentimiento público, la fiscalía sostiene que existen otros dos hechos adicionales basados en testimonios de víctimas y registros de cámaras de seguridad internas.
La defensa de la argentina está liderada por Carla Junqueira, reconocida por su labor en casos de alta exposición internacional. La letrada busca demostrar que la pena debería situarse en el mínimo legal, considerando la falta de antecedentes de su asistida. Actualmente, Páez permanece en territorio brasileño bajo libertad condicional, monitoreada por una tobillera electrónica y con la prohibición estricta de abandonar el país. Debido a la gravedad que Brasil otorga a los delitos de racismo, no fue posible aplicar acuerdos de suspensión del proceso, lo que obligó a llegar a la instancia de juicio oral.
A diferencia de la legislación argentina, en Brasil las penas que superan los cuatro años de prisión no permiten la excarcelación. Si el juez determina que los tres hechos ocurrieron de forma independiente, la sumatoria de las penas mínimas alcanzaría los seis años de cumplimiento efectivo. No obstante, la defensa mantiene la esperanza de lograr una absolución o una sanción reducida que habilite a la abogada a regresar a su país de origen. En caso de una sentencia condenatoria, se prevé que sus representantes soliciten formalmente que el castigo sea cumplido en una institución penal de Argentina.
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