La Secretaría de Transporte suspendió los subsidios a varias líneas de colectivos tras detectar inconsistencias en una auditoría de fondos. Mientras el Gobierno investiga presuntos desvíos millonarios, las empresas denuncian un “ahogo financiero” por el aumento de costos y la falta de pagos.
La Secretaría de Transporte resolvió congelar el envío de compensaciones estatales a diversas prestatarias de colectivos tras una revisión técnica liderada por Fernando Herrmann. Esta maniobra administrativa surge a raíz de presuntas inconsistencias detectadas al comparar el rendimiento operativo actual con las estadísticas del sistema previo. Según informaron fuentes de la cartera, el bloqueo de los recursos financieros tiene carácter preventivo y retroactivo, manteniéndose vigente hasta que se logre cuantificar con precisión cualquier posible desvío de fondos. Una vez concluido el peritaje, el organismo prevé normalizar los pagos basándose estrictamente en el kilometraje recorrido y la demanda de pasajeros efectivamente registrada.
El conflicto escaló a finales del año pasado tras denuncias cruzadas entre cámaras empresariales que señalaban una presunta manipulación en la carga de datos del sistema SUBE para abultar la percepción de beneficios. La auditoría tomó como referencia los patrones de consumo de octubre de 2024 para identificar anomalías estadísticas; aquellas firmas que superaron los promedios habituales sin justificación técnica sufrieron la retención de sus haberes. Desde el sector privado, argumentan que las variaciones podrían deberse a la complejidad de los múltiples cuadros tarifarios vigentes, lo que induce a errores en el abono de los boletos por parte de los usuarios y complica la conciliación de cuentas interna.
A pesar del fuerte impacto económico que representa la falta de estos ingresos, las empresas afectadas aún no han iniciado acciones legales formales, a la espera de que el Gobierno nacional presente pruebas concluyentes sobre las irregularidades sospechadas. Esta situación se desarrolla en un clima de extrema fragilidad para el sector, donde las operadoras denuncian un “ahogo financiero” provocado por el desfase entre los costos de mantenimiento —como combustibles e insumos importados— y la actualización de los subsidios. El desenlace de esta auditoría será clave para definir la sostenibilidad del servicio en el Área Metropolitana, mientras los gremios observan con cautela el impacto que este recorte pueda tener en las futuras negociaciones salariales.
La justicia sugiere el intercambio de fondos y gestiones para influir en las designaciones arbitrales y en la narrativa mediática sobre la gestión deportiva.
Ante la ralentización de los vehículos puramente eléctricos, la industria automotriz apuesta por tecnologías intermedias que combinan eficiencia y largo alcance.
El aluvión de pedidos bajo la Ley de Memoria Democrática colapsó la capacidad administrativa en Argentina. Las autoridades admiten que, al ritmo actual, se tardaría más de un siglo en resolver todos los expedientes pendientes.
La justicia brasileña redujo los cargos tras la primera audiencia en Río de Janeiro. La joven, acusada de gestos racistas en Ipanema, pagaría cerca de US$50.000 a cada damnificado. “Dije la verdad y pedí perdón”, afirmó al salir del juzgado.
La fabricación local retrocede hasta un 15% por el encarecimiento del cacao y la baja demanda. El producto ya es considerado un “artículo de lujo” y crece la tendencia de la elaboración casera frente a los altos costos en góndola.
Siete dotaciones de bomberos trabajan en Mariano Acosta tras una serie de detonaciones masivas. El fuego comenzó esta mañana y hay empleados hospitalizados con quemaduras. Vecinos reportaron que los envases “vuelan” por el aire.
Las acciones energéticas argentinas subieron en Wall Street impulsadas por el precio de los combustibles, mientras bancos y tecnológicas cayeron ante la incertidumbre global. En una jornada mixta, el riesgo país avanzó un 0,5% y volvió a superar los 600 puntos.
Alconada Mon revela que Mauricio Novelli comercializaba el acceso a los Milei mediante contratos confidenciales. A cambio de pagos en criptomonedas, prometía reuniones privadas y beneficios impositivos, logrando que el Presidente firmara una carta de intención con la fintech Cube Exchange.
