Ajuste y fiscalización en las partidas del transporte público

La Secretaría de Transporte suspendió los subsidios a varias líneas de colectivos tras detectar inconsistencias en una auditoría de fondos. Mientras el Gobierno investiga presuntos desvíos millonarios, las empresas denuncian un “ahogo financiero” por el aumento de costos y la falta de pagos.

El precio del boleto de colectivo en enero 2026.

La Secretaría de Transporte resolvió congelar el envío de compensaciones estatales a diversas prestatarias de colectivos tras una revisión técnica liderada por Fernando Herrmann. Esta maniobra administrativa surge a raíz de presuntas inconsistencias detectadas al comparar el rendimiento operativo actual con las estadísticas del sistema previo. Según informaron fuentes de la cartera, el bloqueo de los recursos financieros tiene carácter preventivo y retroactivo, manteniéndose vigente hasta que se logre cuantificar con precisión cualquier posible desvío de fondos. Una vez concluido el peritaje, el organismo prevé normalizar los pagos basándose estrictamente en el kilometraje recorrido y la demanda de pasajeros efectivamente registrada.

Origen de la controversia y metodología de control

El conflicto escaló a finales del año pasado tras denuncias cruzadas entre cámaras empresariales que señalaban una presunta manipulación en la carga de datos del sistema SUBE para abultar la percepción de beneficios. La auditoría tomó como referencia los patrones de consumo de octubre de 2024 para identificar anomalías estadísticas; aquellas firmas que superaron los promedios habituales sin justificación técnica sufrieron la retención de sus haberes. Desde el sector privado, argumentan que las variaciones podrían deberse a la complejidad de los múltiples cuadros tarifarios vigentes, lo que induce a errores en el abono de los boletos por parte de los usuarios y complica la conciliación de cuentas interna.

Tensión financiera y el frente judicial

A pesar del fuerte impacto económico que representa la falta de estos ingresos, las empresas afectadas aún no han iniciado acciones legales formales, a la espera de que el Gobierno nacional presente pruebas concluyentes sobre las irregularidades sospechadas. Esta situación se desarrolla en un clima de extrema fragilidad para el sector, donde las operadoras denuncian un “ahogo financiero” provocado por el desfase entre los costos de mantenimiento —como combustibles e insumos importados— y la actualización de los subsidios. El desenlace de esta auditoría será clave para definir la sostenibilidad del servicio en el Área Metropolitana, mientras los gremios observan con cautela el impacto que este recorte pueda tener en las futuras negociaciones salariales.

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