La Municipalidad denunció la realización de un casamiento en plena Quebrada de las Conchas sin los permisos correspondientes. Mientras la intendenta exige proteger la reserva, la supuesta dueña del predio afirma que fue un “festejo familiar” en el fondo de su casa.
La paradisíaca Quebrada de las Conchas, en Salta, se convirtió en el epicentro de un escándalo ambiental. Una boda privada celebrada en el paraje La Punilla, sobre la Ruta Nacional 68, fue denunciada penalmente por la Municipalidad de Cafayate tras viralizarse imágenes del evento montado sobre formaciones geológicas protegidas.
La intendenta de la localidad, Rita Guevara, confirmó que, si bien hubo consultas previas de los organizadores, nunca se emitieron las autorizaciones formales necesarias para intervenir una reserva natural. El caso pasó ahora a manos de la Secretaría de Ambiente de la provincia para determinar el impacto en el ecosistema.
| Puntos de Conflicto | Postura Oficial / Defensa |
| Permisos | La Municipalidad afirma que no fueron otorgados. |
| Lugar del evento | Área protegida por la Ley Provincial 6806. |
| Impacto Ambiental | Riesgo de erosión, contaminación lumínica y sonora. |
| Argumento Privado | La dueña alega que fue un evento familiar en su propiedad. |
La polémica escaló en redes sociales cuando Lucía Grajales Soriano, quien se identificó como propietaria de la vivienda en el lugar, defendió la ceremonia. “¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?”, cuestionó, asegurando que se tuvieron en cuenta las normativas.
Sin embargo, los especialistas advierten que estar dentro de una reserva —aunque sea propiedad privada— no exime de cumplir con regulaciones estrictas. La concentración masiva de personas, el uso de potentes luces y sonido aceleran la erosión de las rocas y alteran el comportamiento de la fauna autóctona, factores que están prohibidos sin un estudio de impacto ambiental previo.
La Quebrada de las Conchas es una de las reservas más importantes de los Valles Calchaquíes. El municipio reafirmó que el uso de estos suelos está sujeto a disposiciones específicas de preservación que los organizadores habrían ignorado para montar el escenario nupcial.
“Tengo la obligación de salvaguardar los espacios y el ambiente”, sentenció Guevara. La justicia deberá ahora definir si la “boda familiar” constituye un delito de daño al patrimonio natural de los salteños, en un paraje donde la naturaleza es el principal activo turístico y biológico.
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