La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación dio luz verde este jueves al dictamen que propone a Lucila Crexell como embajadora política en Canadá. Con el respaldo de 13 de los 17 integrantes del cuerpo, el pliego de la exsenadora por Neuquén quedó habilitado para ser tratado en el recinto en las próximas semanas, en una jornada marcada por acusaciones de corrupción y una inesperada fractura en el discurso de género del bloque opositor.
Durante la audiencia, que presidió el senador Juan Carlos Pagotto, la postulante defendió su idoneidad destacando el potencial bilateral en minería, energía y seguridad nuclear.
Argentina y Canadá mantienen relaciones diplomáticas desde hace 150 años y comparten el uso de tecnología nuclear en reactores locales. Sin embargo, el debate técnico se vio rápidamente desplazado por el enfrentamiento político respecto al origen de su nominación.
Cuestionamientos y defensa judicial
Los senadores del interbloque kirchnerista, encabezados por Juliana Di Tullio y Carlos Linares, impugnaron la designación por razones éticas. Los legisladores sostuvieron que el cargo representó una “moneda de cambio” por el voto favorable de Crexell a la Ley Bases en 2024.
Ante estos señalamientos, la candidata recordó que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 desestimó las denuncias en su contra por “inexistencia de delito”, al considerar que las negociaciones parlamentarias no constituyen cohecho.
La tensión aumentó cuando Di Tullio calificó el proceso como “viciado de nulidad”. En respuesta, Crexell apeló a la memoria institucional mencionando designaciones previas de otros signos políticos, como la de Sergio Urribarri en Israel —quien fuera condenado por corrupción— o la de Fernando “Pino” Solanas ante la UNESCO, para evidenciar lo que consideró una “inconsistencia moral” de sus críticos.