La joven de 25 años falleció este jueves en un centro de Sant Pere de Ribes tras recibir la prestación de ayuda para morir. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la última cautelar de su padre para frenar el proceso.
La joven de 25 años falleció este jueves en un centro de Sant Pere de Ribes tras recibir la prestación de ayuda para morir. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la última cautelar de su padre para frenar el proceso.
Finalizó el periplo judicial y personal de Noelia Castillo. La joven barcelonesa recibió la eutanasia este jueves en el centro sociosanitario Sant Camil, cumpliendo una voluntad que mantuvo firme desde que inició el trámite formal en abril de 2024.
El procedimiento se realizó bajo un fuerte despliegue de seguridad debido a la expectación mediática y las movilizaciones de grupos contrarios a la medida en las puertas del recinto.
Castillo sufría una discapacidad del 74% y una lesión medular irreversible que le causaba dolores neuropáticos constantes. Estas secuelas fueron producto de un intento de suicidio en octubre de 2022, episodio que la propia joven vinculó a las agresiones sexuales que denunció haber sufrido previamente.
Su caso generó una fractura pública y familiar, especialmente por la oposición frontal de su padre, quien agotó todas las instancias judiciales para detener la intervención.
La resolución del conflicto escaló desde los juzgados de Barcelona hasta Estrasburgo. El Tribunal Constitucional ya había desestimado en febrero el recurso del progenitor al considerar que no existía violación de derechos fundamentales, validando la capacidad de Noelia para decidir.
Este jueves, una jueza de Barcelona rechazó el último intento legal del padre, reafirmando que la joven conservaba sus facultades para tomar decisiones sobre su propia vida.
El equipo médico que asistió a la joven estuvo integrado por profesionales no objetores, quienes confirmaron la ratificación de la voluntad de Castillo antes de iniciar el protocolo farmacológico.
Según fuentes sanitarias, la paciente optó por la vía intravenosa y solicitó realizar el proceso en la intimidad, sin presencia de familiares en el momento final.
El desenlace del caso reabrió interrogantes sobre los límites de la Ley de Eutanasia en pacientes con patologías de salud mental. Desde la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello calificó el hecho como una “derrota social”, mientras que representantes de Vox tildaron el acto de “fracaso institucional”.
Por el contrario, asociaciones por el derecho a morir dignamente denunciaron que la ofensiva judicial del entorno familiar solo sirvió para prolongar el sufrimiento de la joven durante 601 días.
Castillo, en sus últimas intervenciones públicas, rechazó ser considerada un ejemplo y enfatizó que su decisión buscaba únicamente el cese de un dolor inasumible. Su fallecimiento deja abierto un precedente jurídico sobre la legitimación de terceros para intervenir en procesos de muerte asistida de personas mayores de edad y legalmente capaces.
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