El derecho a decir basta

La tentación de opinar sobre la muerte ajena suele ser inversamente proporcional a la cercanía real con el dolor. Desde un sillón cómodo, con el cuerpo obedeciendo todavía a la voluntad, es fácil pontificar. Es fácil decir “la vida siempre vale”, como si esa frase, repetida hasta el cansancio, pudiera abarcar todas las formas posibles de existencia. Pero no puede.

El caso de Noelia en España vuelve a poner sobre la mesa una discusión que incomoda porque nos enfrenta a un límite: el de nuestra propia autonomía. Y también porque nos obliga a aceptar algo que muchos prefieren negar: hay vidas que, para quien las vive, se vuelven insoportables. No por falta de amor, no por debilidad, no por capricho, sino porque el cuerpo se convierte en una prisión y el tiempo en una condena.

Y hay algo más, algo todavía más difícil de digerir: la crueldad burocrática. Quienes la acompañaron sostienen que todo el proceso para que se reconociera su derecho —respaldado por médicos, especialistas en derecho y validado una y otra vez en distintas instancias judiciales— terminó extendiendo su sufrimiento de manera innecesaria. Mientras se discutía en papeles lo que ya estaba claro en la realidad, ella seguía ahí, atrapada en un cuerpo que ya no respondía, repitiendo lo único que importaba: “quiero dejar de sufrir”.

Darío Lopérfido lo dijo sin eufemismos en Tener ELA es una mierda. Y esa crudeza molesta, claro. Molesta porque rompe con la estética edulcorada del sufrimiento digno. Porque nos recuerda que hay enfermedades —como la ELA— que no ennoblecen nada, que no enseñan lecciones espirituales, que simplemente destruyen. Día a día. Función a función. Hasta dejar a la persona reducida a un testigo inmóvil de su propia degradación.

Y ahí aparece el debate sobre el derecho a morir.

No, no es el Estado el que mata. Esa es una simplificación cómoda, casi infantil. El Estado no irrumpe en la vida de nadie para imponer la muerte. Lo que hace —cuando actúa bien, aunque llegue tarde y con mil trabas— es algo mucho más modesto: deja de impedir. Deja de obligar a vivir a quien ya no puede sostener esa carga. Accede, con protocolos, con controles, con todas las garantías posibles, a una decisión que no se toma a la ligera.

Porque conviene decirlo, aunque suene incómodo: quien quiere morir en estas condiciones ya ha considerado todas las alternativas. Todas. No es un impulso, no es una tarde triste, no es un arrebato. Es, en la mayoría de los casos, una conclusión. Una a la que se llega después de atravesar tratamientos, esperanzas, negaciones, miedos, y también el peso —a veces insoportable— de saber lo que viene.

Pero desde afuera se insiste en convertir esa decisión en un problema moral colectivo. Se la rodea de culpas, de discursos grandilocuentes, de advertencias sobre una supuesta pendiente resbaladiza. Como si reconocer la libertad individual fuera abrir la puerta al caos. Como si respetar la decisión de alguien fuera equivalente a promoverla.

No lo es.

Defender el derecho a morir no es despreciar la vida. Es, precisamente, tomarla en serio. Tan en serio que se acepta que su valor no puede medirse desde afuera. Que no hay una autoridad —ni religiosa, ni política, ni social— que pueda imponer a otro el deber de seguir viviendo en condiciones que ese otro considera intolerables.

Claro que duele. Duele a la familia, a los amigos, a quienes quedan. Duele aceptar que alguien elige irse. Pero el dolor de los otros no puede convertirse en una condena para quien lo sufre en primera persona. No puede ser argumento suficiente para negar una salida.

Hay algo profundamente egoísta en exigirle a otro que siga viviendo para no enfrentarnos nosotros a su ausencia.

La libertad, cuando es verdadera, incluye decisiones que no nos gustan. Que nos incomodan. Que incluso nos parecen equivocadas. Pero la alternativa —negar esa libertad— es mucho peor. Es convertir la vida en una obligación administrada desde afuera, en un mandato abstracto que no distingue entre quien vive y quien sobrevive.

El derecho a morir, en estos casos, no es una celebración. No es una victoria. Es, en todo caso, un último gesto de autonomía. Uno que debería ser respetado con la misma convicción con la que defendemos otras libertades.

Aunque nos duela. Aunque no lo entendamos del todo. Aunque preferiríamos que nadie tuviera que elegirlo nunca.

Pero la realidad no se acomoda a nuestras preferencias. Y la dignidad —esa palabra tan usada— no puede ser selectiva. O es para todos, o no es.

Y a veces, para algunos, la dignidad también consiste en poder decir basta.