El magistrado Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a una cautelar de la CGT. La decisión congela puntos clave como el límite al derecho a huelga, el nuevo sistema de indemnizaciones y la exclusión de trabajadores de plataformas. El Gobierno apelará para intentar revertir el fallo.
La estrategia judicial de la CGT obtuvo este lunes un resultado de alto impacto político. El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N° 63, dictó una medida cautelar que deja en suspenso 82 artículos de la Ley 27.802 de “modernización laboral” impulsada por la gestión de Javier Milei. Según el fallo, la aplicación inmediata de estas normas podría generar “daños irreparables” antes de una sentencia definitiva.
| Puntos Suspendidos | Impacto de la Medida |
| Indemnizaciones | Frena el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) |
| Derecho a Huelga | Suspende el límite a asambleas y servicios mínimos |
| Teletrabajo | Anula la derogación de la ley actual |
| Plataformas | Se mantiene la presunción de relación laboral |
Ojeda, quien fue asesor de Carlos Tomada durante el kirchnerismo, validó la legitimación de la central obrera para representar colectivamente a los trabajadores. En su resolución, advirtió que ejecutar cambios como la deshomologación de convenios o el nuevo cálculo de antigüedad sin un análisis de fondo generaría una “grave inseguridad jurídica”.
El magistrado fue tajante al señalar que la presunción de legitimidad del Estado solo existe si se respeta la Constitución Nacional. Bajo este argumento, frenó los artículos que permitían excluir el aguinaldo del cálculo de despidos y aquellos que eliminaban la responsabilidad solidaria en empresas tercerizadas.
Uno de los puntos que más tensión generaba era la limitación del derecho a huelga. El fallo suspendió la categoría de “actividades de importancia trascendental”, una figura que obligaba a mantener servicios mínimos elevados durante medidas de fuerza. También quedaron sin efecto las sanciones previstas contra conductas gremiales y la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos por bloqueos.
La reforma buscaba catalogar a quienes prestan servicios en apps (delivery, transporte) como “independientes”, excluyéndolos de la protección de la ley laboral. El juez Ojeda suspendió este punto, manteniendo la vigencia de las presunciones de fraude laboral que la nueva normativa intentaba derogar.
El Gobierno nacional ya prepara la apelación ante la Cámara Laboral para intentar reactivar la reforma. Mientras tanto, el expediente se inscribirá en el Registro Público de Procesos Colectivos y el juez deberá abocarse a la cuestión de fondo: decidir si la ley es, finalmente, inconstitucional.
La justicia penal económica dictó el procesamiento y embargo por 350 millones de pesos contra los principales directivos del fútbol argentino. Investigan el uso financiero de 19.300 millones de pesos que debían depositarse al fisco y habrían generado intereses privados.
Un alumno de 15 años mató a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros ocho estudiantes en la Escuela Mariano Moreno. El agresor utilizó una escopeta recortada y premeditó el ingreso del arma en un estuche musical.
La Secretaría de Finanzas captó fondos adicionales mediante la licitación de los títulos Bonar 2027 y 2028, aunque la demanda quedó por debajo del máximo previsto. El Tesoro busca asegurar divisas para afrontar vencimientos de julio.
Capital Humano buscará revertir el fallo que frenó 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral. La Justicia dictó una cautelar tras el reclamo de la CGT para evitar daños irreparables en las relaciones de trabajo.
La periodista Daniela Blanco advirtió en Infobae que el consumo precoz interfiere en el desarrollo neuronal y funciona como la “llave de oro” para el policonsumo. El 50% de los jóvenes de entre 15 y 16 años ya probó alcohol antes de la edad permitida.
La abogada santiagueña, acusada de injuria racial en Río de Janeiro, recibió el aval judicial para regresar a la Argentina tras dos meses y medio de retención. Para hacer efectiva su salida, deberá cumplir con el pago de una fianza millonaria y el levantamiento de medidas cautelares.
El Departamento de Estado formalizó el regreso de su delegación diplomática a Venezuela tras operar desde Bogotá desde 2019. Bajo la gestión de la encargada de negocios Laura Dogu, la sede retoma funciones en el marco de la transición política liderada por el gobierno interino.
El juez Diego Amarante dictó el procesamiento de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino por la retención indebida de $19.000 millones en aportes patronales. La medida alcanza también a Víctor Blanco y Cristian Malaspina por apropiación indebida de tributos.
