La Cámara Federal rechazó la apelación oficial y exige la actualización inmediata de salarios y becas. El fallo califica de “poco serios” los argumentos del Ejecutivo para frenar la normativa.
La Cámara Federal rechazó la apelación oficial y exige la actualización inmediata de salarios y becas. El fallo califica de “poco serios” los argumentos del Ejecutivo para frenar la normativa.
En un fallo de alto impacto político y educativo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó este martes al Gobierno Nacional la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La sentencia ratifica que el Ejecutivo debe recomponer los salarios de docentes y no docentes, además de actualizar las becas estudiantiles de forma “inmediata”.
| Indicador Clave | Detalle del Fallo |
| Costo Fiscal | 0,23% del PBI |
| Estatus Legal | Ley ratificada por 2/3 del Congreso |
| Alcance | Salarios docentes, no docentes y becas |
| Origen | Amparo del Consejo Interuniversitario (CIN) |
La Justicia desestimó los planteos de la Procuración del Tesoro, que buscaba sostener la suspensión de la ley por decreto. Los magistrados subrayaron que la norma fue confirmada por mayoría especial en ambas cámaras, lo que vuelve “ilegítima” cualquier interrupción de su ejecución por parte del Poder Ejecutivo bajo argumentos de equilibrio fiscal.
Uno de los puntos más contundentes del fallo es la desmitificación del riesgo financiero. La Cámara precisó que la aplicación de la ley representa apenas un 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI), cifra que no comprometería las metas de déficit cero esgrimidas por el Ministerio de Economía.
La resolución llega en un clima de máxima tensión, con medidas de fuerza activas en las principales facultades del país. El conflicto se había judicializado en diciembre de 2025, cuando el juez Enrique Cormick dictó una cautelar a favor del CIN. Con este nuevo revés, el Gobierno se queda sin margen de maniobra legal para evitar el desembolso de los fondos educativos.
El tribunal fue tajante al señalar que la suspensión de una ley aprobada y ratificada por el Congreso mediante un decreto es una práctica improcedente. Para la Justicia, el cumplimiento de la Recomposición del Salario Docente es una obligación prioritaria que el Estado ha ignorado de manera arbitraria durante el primer trimestre de 2026.
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