El Gobierno enfrenta un desgaste de un mes por el escándalo de Manuel Adorni y la causa $Libra. Mientras la pobreza bajó al 28,2%, persisten alertas por la ruptura de la cadena de pagos y el impacto judicial del caso YPF.
El Gobierno enfrenta un desgaste de un mes por el escándalo de Manuel Adorni y la causa $Libra. Mientras la pobreza bajó al 28,2%, persisten alertas por la ruptura de la cadena de pagos y el impacto judicial del caso YPF.
El Poder Ejecutivo atraviesa un periodo de parálisis comunicacional y crisis interna que ya se extiende por casi un mes, centrado en la figura del vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que comenzó con cuestionamientos por la composición de comitivas oficiales ha mutado en una investigación patrimonial sobre la compra de un inmueble en Caballito por USD 230.000, financiado de forma atípica por las vendedoras. La presión sobre el funcionario escaló tras conocerse que la justicia citó a la escribana interviniente, mientras sectores universitarios y sociales trasladan el reclamo a las puertas de sus domicilios, forzando incluso la suspensión de las habituales conferencias de prensa para evitar mayores filtraciones.
El horizonte legislativo se presenta complejo para el ministro, quien deberá presentarse ante el Congreso el próximo 29 de abril. Con casi 5.000 interrogantes formulados por los diputados, la sostenibilidad de Adorni en su cargo parece depender exclusivamente del respaldo de la Secretaría General de la Presidencia. La Casa Rosada intenta, sin éxito, retomar la iniciativa política en un contexto donde cada movimiento del entorno presidencial queda bajo el escrutinio de expedientes que avanzan con celeridad.
En paralelo, la causa denominada $Libra continúa erosionando el núcleo de confianza de los hermanos Milei. Recientes peritajes telefónicos revelaron un flujo incesante de comunicaciones entre el lobista Mauricio Novelli y los máximos referentes del “Triángulo de Hierro” en momentos críticos del lanzamiento de la criptomoneda. Los registros exponen llamadas directas con el Presidente, su hermana y el asesor Santiago Caputo, contradiciendo las versiones de contactos fortuitos.
La situación se agrava con la aparición de registros de audio de noviembre de 2024, donde Novelli detalla presuntos pagos mensuales destinados a “Karina”. En dichas grabaciones, el broker coordina la entrega de sumas de dinero que se repetirían periódicamente, lo que abre una línea de investigación sobre el financiamiento del entorno presidencial meses antes de que estallara el escándalo público por la estafa digital.
En el plano social, el INDEC arrojó un dato que el Gobierno intentó utilizar como bálsamo: la pobreza descendió al 28,2% al cierre de 2025, la cifra más baja en siete años. Sin embargo, este alivio estadístico choca con la realidad de los municipios bonaerenses, donde los intendentes denuncian un retraso de hasta ocho meses en el pago a proveedores de alimentos. El conflicto financiero entre Nación y la Provincia de Buenos Aires se ha judicializado ante la Corte Suprema por una deuda que superaría los 12 billones de pesos, afectando directamente la asistencia en comedores comunitarios.
Por otro lado, el sector productivo manifiesta señales de alarma ante el encarecimiento del crédito informal. Ante la necesidad de liquidez, muchas pymes están recurriendo a la “reventa” de cheques con tasas que alcanzan el 11% mensual. Este fenómeno evidencia un estiramiento peligroso en la cadena de pagos; aunque el sistema no se ha quebrado, la sostenibilidad de muchas empresas depende de un repunte inmediato de la actividad que compense los altísimos costos financieros de mantenerse operativas.
A pesar del alivio que representó el reciente fallo en Estados Unidos respecto a la petrolera estatal, expertos en litigios internacionales advierten sobre las implicancias de los fundamentos judiciales. El fallo subraya que Argentina vulneró los estatutos de la compañía tras haber prometido protecciones a inversores extranjeros para captar capitales en los años 90.
Esta conclusión de la justicia norteamericana pone en duda la fiabilidad del país para futuras inversiones de largo plazo. Según los especialistas, la sentencia deja asentado que el incumplimiento de las garantías ofrecidas en la Bolsa de Nueva York genera un precedente negativo que, aunque no tenga un impacto económico inmediato de la magnitud de otros juicios, deteriora la reputación financiera de la República de cara a las próximas décadas.
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