La recaudación de marzo cayó un 4,3% real, traccionada por bajas en IVA y Ganancias ante la menor actividad económica. Pese al repunte en combustibles, el Gobierno sostiene el superávit mediante rentas extraordinarias del FGS y la venta de activos estatales.
Los indicadores preliminares de las transferencias automáticas hacia las provincias sugieren que el Estado nacional enfrentó un nuevo retroceso en su capacidad de recaudación durante el tercer mes del año. Según las mediciones de la Dirección Nacional de la Relación con las Provincias, los giros reales experimentaron una merma del 4,3% en comparación con marzo de 2025. Este fenómeno se fundamenta principalmente en el comportamiento negativo de los impuestos más representativos del consumo y la renta, los cuales reflejan el enfriamiento de sectores clave como el comercio y la industria manufacturera.
En el desglose por tributo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) anotó una baja del 3,9%, mientras que el Impuesto a las Ganancias sufrió una retracción mucho más pronunciada, alcanzando el 12,7% interanual. Otros gravámenes, como los Impuestos Internos y Bienes Personales, también siguieron la tendencia decreciente con caídas del 14,3% y 8,8% respectivamente. En la vereda opuesta, la nota positiva la dieron el Monotributo, con un salto real cercano al 58%, y el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que mantiene una recuperación sostenida del 35,5% tras las actualizaciones tarifarias.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para oficializar estas cifras en un contexto donde el calendario también jugó un rol determinante; el feriado de Semana Santa redujo los días operativos para el ingreso de fondos. Sin embargo, el desplome en Ganancias posee una explicación técnica específica: un cambio en el cronograma de anticipos corporativos. Al pasar de diez a nueve cuotas, las firmas que cierran ejercicio en diciembre no tuvieron vencimientos de pago en marzo, a diferencia de lo ocurrido el año anterior, lo que profundizó la brecha estadística.
Ante este escenario de erosión de los ingresos genuinos por impuestos, el Poder Ejecutivo ha intensificado su agenda de desinversión de activos públicos para blindar el superávit fiscal. Durante el primer trimestre, el ingreso de divisas proveniente de la venta de infraestructura energética —como la represa del Comahue— y los rendimientos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES han funcionado como un dique de contención. Estas rentas extraordinarias, sumadas a la futura privatización de empresas como AySA, buscan compensar la debilidad de la recaudación tributaria tradicional y sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
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