La Casa Rosada prepara una respuesta judicial para frenar las denuncias por los préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación. El oficialismo sostiene que las operaciones de hasta $510 millones fueron lícitas y descarta privilegios para los integrantes del gabinete.
Tras la filtración de una lista de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que accedieron a créditos millonarios, el Gobierno nacional alista una respuesta técnica y legal. El objetivo es desactivar las sospechas de la oposición sobre la relación entre los ingresos declarados y los montos otorgados.
Funcionarios bajo la lupa:
Pedro Inchauspe (BCRA): Lidera la lista con un pasivo de $510 millones.
Felipe Núñez (BICE): Registra una deuda inicial de $373 millones.
Federico Furiase (Finanzas): Accedió a un préstamo de $367 millones.
Juan Pablo Carreira (Twitter/Gobierno): Obtuvo $113 millones.
El secretario de Hacienda, Pablo Quirno, y el ministro Luis Caputo encabezaron la defensa pública. Argumentan que los créditos se gestionaron por canales estándar, cumpliendo con el requisito de cobrar el sueldo en la entidad. “No hay un solo crédito mal otorgado”, afirmaron desde el entorno de Darío Wasserman, vicepresidente del BNA, tras auditar los expedientes el fin de semana.
Por su parte, Guillermo Madero (Jefe de Gabinete de Defensa), beneficiario de $207 millones, aseguró que realizó el trámite vía web “sin privilegios” para su primera propiedad. El Gobierno sostiene que los montos elevados están respaldados por garantías hipotecarias y codeudores.
A pesar de la defensa cerrada, el caso ya provocó la salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano. La ministra Sandra Pettovello decidió desplazarlo tras conocerse su crédito, una medida que generó ruidos internos en el Ejecutivo por la falta de un criterio uniforme ante la situación de otros funcionarios.
Desde el oficialismo sospechan que la difusión de estos datos busca frenar el plan de capitalización privada del 20% del Banco Nación y su eventual cotización en la Bolsa de Nueva York. La información técnica será presentada ante la Justicia para responder a las denuncias de los diputados Esteban Paulón y Mónica Frade.
La abogada santiagueña, que estuvo retenida tres meses en Brasil por injuria racial, rompió el silencio. Repudió los gestos racistas de su padre grabados en un video y relató el calvario judicial que vivió en Río de Janeiro: “Se me helaba la sangre”, confesó.
Raúl Ojeda, quien había suspendido 82 artículos de la ley, decidió reactivar el que fija la actualización de deudas laborales por inflación más un 3%. El magistrado argumentó que su propia cautelar perjudicaba a los trabajadores al dejar vigentes índices provinciales menos favorables.
La cápsula Orión alcanzará hoy el punto más alejado de la Tierra en la historia, superando el récord de la Apolo 13. Los cuatro astronautas quedarán totalmente incomunicados durante 50 minutos mientras sobrevuelan la región lunar invisible desde nuestro planeta.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete sumó nuevas medidas de prueba este lunes. La Justicia busca reconstruir el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, mediante informes de dominio y registros de viajes al exterior.
Una avería mecánica en la montaña rusa “El Desafío” dejó a decenas de personas colgadas durante 20 minutos el pasado Viernes Santo. El incidente, captado por visitantes, reavivó las críticas por la falta de mantenimiento en el predio de Tigre.
Micaela Jara (19) rompió el silencio tras años de hostigamiento en su colegio de Santa Fe. Luego de intentar quitarse la vida en julio pasado, debió abandonar su pueblo natal ante la falta de respuestas de las autoridades. “Me tuve que ir para encontrar paz”, afirma.
Majid Khademi, líder de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria, murió tras un bombardeo conjunto este lunes. El ataque profundiza la guerra en Medio Oriente, mientras Teherán lanza misiles contra Israel y el Golfo en represalia.
La Casa Rosada prepara una respuesta judicial para frenar las denuncias por los préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación. El oficialismo sostiene que las operaciones de hasta $510 millones fueron lícitas y descarta privilegios para los integrantes del gabinete.
