La Cámara de Diputados convoca una sesión especial para este miércoles con el objetivo de convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de una campaña de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su crecimiento patrimonial y otros casos de corrupción.
El oficialismo apunta a cerrar el trámite legislativo en 24 horas, confiando en un quórum holgado y en el apoyo de gobernadores cordilleranos y bloques aliados, mientras ambientalistas y sectores opositores advierten que la ley significaría una flexibilización peligrosa de la protección de los glaciares periglaciares y anticipan una batalla en el Poder Judicial.
El oficialismo, bajo el ala de La Libertad Avanza, decidió acelerar el proceso para que la reforma de la Ley de Glaciares sea sancionada antes de que la agenda política se vea atravesada por la interpelación a Manuel Adorni.
Para ello, el bloque llamó a una sesión especial para el miércoles 8 de abril, a las 15, en la Cámara de Diputados, luego de que la iniciativa consiguiera ya media sanción en el Senado.
Según diputados ligados al núcleo de decisión, el cronograma prevé que este martes se emita el dictamen favorable en un plenario de comisiones, para que al día siguiente el recinto vote en general la reforma.
En el cálculo de fuerzas, el oficialismo considera que cuenta con entre 130 y 134 votos contando su propio bloque, que tiene 95 integrantes, y el apoyo habitual de PRO, UCR, MID y fuerzas provinciales, más algunos diputados mineros de Innovación Federal, Independencia y Elijo Corrientes.
Incluso se espera que sumen su apoyo al menos tres diputados de Unión por la Patria de provincias mineras, siguiendo el criterio de los ex gobernadores que votaron a favor en la Cámara alta.
La reforma de la Ley 26.639 redefiniría el alcance de la protección de glaciares y ambiente periglaciar, limitándola a las formaciones que se haya verificado que cumplen una función hídrica efectiva.
Asimismo, otorgaría a las provincias un rol central para determinar qué áreas quedan bajo resguardo, revisando el inventario nacional elaborado por el IANIGLA, y estableciendo que las restricciones a actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera se apliquen solo sobre esas zonas identificadas como estratégicas.
Para el oficialismo y algunos gobernadores cordilleranos, el cambio busca compatibilizar desarrollo productivo con preservación ambiental, ofreciendo mayor “seguridad jurídica” a proyectos mineros de gran inversión.
En cambio, para la oposición, el proyecto implicaría una regresión que abren la puerta a la explotación en zonas sensibles, en un contexto de crisis climática, y debilita el rol del Estado nacional en la gestión de recursos interjurisdiccionales, lo que varios bloques opositores y organizaciones ambientales ya consideran una vulneración de la Constitución y de compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Paralelamente a la definición de la reforma, la oposición perfila avanzar con la interpelación a Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, por su crecimiento patrimonial, la sucesión de viajes al exterior y la polémica por los créditos hipotecarios otorgados a diputados y asesores ligados al oficialismo.
Distintos bloques, entre ellos Unión por la Patria, aprovecharían la apertura del recinto para intentar emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamentos, ambas presididas por LLA, y tramitar los proyectos de interrogatorio. Sin embargo, el apoyo de varios bloques dialoguistas para que el pedido llegue al pleno dependerá de que el PRO, con 12 diputados, abra la puerta a la discusión.
Desde el oficialismo se afirma que confía en la disciplina de sus aliados parlamentarios y que el PRO y otros bloques “no acompañarán un pedido de la oposición” que considere intentos de sabotear la sesión. Voces de la oposición, en cambio, señalan que esperan que parte de la bancada amarilla, sin apoyar necesariamente la interpelación, sí se muestre crítica y abra el debate.
El martes, LLA prevé realizar una reunión interna de bloque para definir líneas de acción, repartir tareas de debate y evitar que la sesión se caiga por cuestiones de quórum o por movilizaciones internas.
Junto con la presión sobre el Congreso, el oficialismo ha presionado a gobernadores de provincias cordilleranas y mineras, como Mendoza, Catamarca, San Juan, Salta y Jujuy, para que asistan a la sesión o envíen a sus vicegobernadores con el fin de empujar el proyecto y reforzar el marco de “federalismo” y “desarrollo provincial”.
El argumento central es que la reforma beneficia a las provincias al otorgarles más poder de decisión sobre el uso de sus recursos, en línea con el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI).
Hasta último momento, se prevé que el número de firmas para el pedido de sesión ronde las 127 presencias, muy cerca de las 129 necesarias para abrir el debate, con margen para nuevas adhesiones.
En paralelo, el Gobierno ha optado por un bajo perfil político en el plenario de comisiones, evitando que ministros del Gabinete o los principales líderes del oficialismo participen de las audiencias.
La defensa técnica quedará en manos de funcionarios de segunda línea de áreas de minería y ambiente, buscando evitar que la discusión se transforme en un escenario para la confrontación pública.
El propio oficialismo admite que la etapa parlamentaria puede ser relativamente cómoda, pero reconoce que el campo de batalla se traslada luego al ámbito judicial, donde organizaciones ambientales, legisladores opositores y otros actores anticipan impugnaciones por la forma en que se realizaron las audiencias públicas y por la constitucionalidad de la reforma, en un escenario que podría llevar la norma a la Corte Suprema.
Aunque el oficialismo confíe en que la reforma consiga los votos suficientes en Diputados, el debate político y jurídico apenas comenzaría. La oposición y el mundo ambientalista ya prevén recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y planteos ante organismos internacionales, mientras esperan que el Poder Judicial se expida sobre la validez de la norma y del proceso de participación ciudadana.
La reforma de la Ley de Glaciares, entonces, se perfilaba como una de las batallas clave de la gestión Milei: no solo por la definición de la política ambiental, sino por la forma en que el Congreso equilibra el poder de las provincias, el interés de los inversores mineros y la protección de un recurso estratégico como el hielo de montaña.
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