A 27 meses del inicio de la gestión de La Libertad Avanza, especialistas y referentes del sector denuncian un retroceso sin precedentes. Sin nuevas áreas protegidas, con fondos congelados y una batalla cultural contra el consenso científico, la agenda ambiental argentina atraviesa su hora más crítica.
Tras más de dos años de mandato, la pregunta sobre cuál es la política ambiental del gobierno de Javier Milei parece tener una respuesta técnica: el vacío. Según un reciente análisis de Andrés Bosso, la gestión actual no solo carece de propuestas innovadoras, sino que ha ejecutado un “decálogo” diseñado para debilitar las instituciones que custodian el patrimonio natural del país.
El diagnóstico es demoledor: por primera vez desde el regreso de la democracia, la cuenta de nuevas áreas naturales protegidas creadas por un Poder Ejecutivo se mantiene en cero. Incluso gestiones históricamente cuestionadas o períodos de dictadura validaron, en su momento, la expansión del sistema de Parques Nacionales. Milei, con 27 meses de gestión, ha roto esa inercia federal de conservación.
El informe detalla una hoja de ruta que el autor denomina el “decálogo para debilitar nuestra Casa Común”. Entre los puntos más críticos se encuentran:
Desjerarquización institucional: El desmantelamiento de ministerios y secretarías, sumado a la demora deliberada en la designación de autoridades.
Ajuste de personal: Recortes de plantillas sin análisis técnicos de eficiencia, afectando la operatividad en territorio.
Éxodo profesional: El congelamiento salarial ha provocado el abandono de técnicos y científicos altamente capacitados.
Aislamiento internacional: El abandono de compromisos globales y metas de sostenibilidad ante organismos multilaterales.
Desfinanciamiento: El recorte drástico de fondos públicos para programas de manejo de fuego y emergencias hídricas.
Batalla cultural y negacionismo: El uso de las más altas esferas del poder para sostener discursos que minimizan las amenazas climáticas.
Flexibilización normativa: El avance sobre leyes clave, como la de Glaciares y la Ley de Bosques, para facilitar actividades extractivas sin controles adecuados.
Uno de los indicadores más elocuentes de este parate es la creación de Áreas Protegidas Nacionales. Al repasar la historia argentina, la estadística es reveladora: Cristina Fernández lidera con 9 áreas creadas, seguida por Menem y Macri con 7, y el reciente gobierno de Alberto Fernández con 6. Incluso durante la última dictadura (Videla) se crearon 3 áreas.
“Ni los períodos más oscuros de nuestra historia se animaron a tanto”, sostiene Bosso. La ausencia de nuevas reservas no solo afecta la biodiversidad; también paraliza economías regionales vinculadas al turismo de naturaleza en lugares recónditos del país. Para el autor, no se trata de una omisión arbitraria, sino de una decisión política de ignorar lo que no tiene un valor estrictamente económico e inmediato.
Ante una agenda nacional vacía, el escenario obliga a la sociedad civil y a los cuadros técnicos del Estado a pasar de la proposición a la resistencia. En lugar de avanzar en programas de desarrollo sostenible, los sectores ambientales hoy se abocan a “defender con uñas y dientes” lo conquistado durante décadas.
El informe concluye con un llamado a las provincias y al sector privado para que no se contagien de la “indiferencia nacional”. Se espera que, ante la ausencia de un interlocutor válido en el Ejecutivo, la Justicia —guiada por el Artículo 41 de la Constitución Nacional— sea el último dique de contención frente a la modificación de normas que ponen en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas argentinos.
A 21 meses de terminar el mandato, el desafío es claro: sobrevivir al que muchos ya califican como el peor ciclo ambiental de la historia argentina.
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