La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que el fuero Contencioso Administrativo Federal debe tratar la demanda de la CGT contra la Ley N° 27.802. El fallo desplaza a la justicia laboral y representa un avance estratégico para el Gobierno.
La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que el fuero Contencioso Administrativo Federal debe tratar la demanda de la CGT contra la Ley N° 27.802. El fallo desplaza a la justicia laboral y representa un avance estratégico para el Gobierno.
El conflicto por la constitucionalidad de la reforma laboral argentina sumó un nuevo capítulo jurídico este viernes. La titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, Macarena Marra Giménez, hizo lugar a un pedido de inhibitoria presentado por el Ministerio de Capital Humano.
Con esta decisión, la magistrada reclamó la competencia exclusiva para tramitar la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual busca anular más de 80 artículos de la norma sancionada en febrero.
Esta resolución judicial altera el escenario procesal que favorecía a la central obrera. Hasta finales de marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, mantenía suspendidos de manera provisoria 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
Ojeda argumentó en su momento que la aplicación de la norma podría causar daños irreparables a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el nuevo fallo determina que, al ser el Estado Nacional la parte demandada, la causa pertenece al ámbito del derecho público administrativo y no al fuero especializado en trabajo.
El Gobierno Nacional basó su reclamo en el artículo 79 de la Ley N° 27.802. Dicho apartado establece expresamente que la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal es la única habilitada para resolver controversias donde el Estado sea parte.
A pesar de que la CGT cuestiona la validez de este artículo por considerarlo una vía para limitar la tutela judicial, la jueza Marra Giménez ratificó la jurisdicción federal alineándose con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La magistrada sostuvo que la demanda sindical no trata sobre relaciones laborales individuales, sino sobre la legalidad de actos estatales y reformas estructurales. Según el fallo, permitir que la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires decida sobre políticas nacionales afectaría el sistema federal.
Esta decisión obliga al juzgado laboral a remitir el expediente, aunque la CGT ya adelantó que apelará la medida para intentar retener la causa en el fuero que consideran natural.
La disputa legal mantiene frenados pilares fundamentales de la reforma. Entre los artículos suspendidos se encuentran el nuevo cálculo de indemnizaciones que excluye el aguinaldo, la creación del Fondo de Cese Laboral y la extensión del período de prueba. También permanecen en duda la limitación del derecho de huelga en actividades consideradas de “importancia trascendental” y la derogación de la ley de teletrabajo.
El cierre de esta etapa procesal no define el fondo de la cuestión. Mientras el Gobierno confía en que el cambio de fuero facilitará la vigencia de la ley, la central obrera mantiene su estrategia de resistencia en las cámaras de apelaciones.
El destino final de la Modernización Laboral, por la magnitud de los derechos constitucionales en juego, parece encaminarse hacia una definición definitiva en la Corte Suprema de Justicia. ¿Prevalecerá la especialidad técnica del fuero laboral o la prerrogativa del Estado en la justicia administrativa?
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Marcela Pagano denunció penalmente al diputado libertario Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. La presentación cuestiona la adjudicación de un crédito hipotecario UVA del Banco Nación por 239.000 dólares, incompatible con sus ingresos y su perfil financiero previo.
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