La situación judicial de Adriana Nechevenko, la escribana de confianza de Manuel Adorni, se complicó severamente tras sus declaraciones ante el fiscal Gerardo Pollicita. La profesional, que intervino en tres operaciones inmobiliarias del funcionario, reconoció no haber verificado la licitud de los fondos aportados por prestamistas privadas, bajo el argumento de que “las conocía”.
La omisión: Nechevenko no solicitó documentación respaldatoria sobre el origen de los dólares, pese a que Adorni es una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Riesgo legal: La fiscalía estudia si la escribana incurrió en un incumplimiento de sus deberes y de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La frase de la polémica: “A mí no me importa que sea funcionario, para mí es Manu”, declaró la escribana, lo que encendió alarmas en Comodoro Py por la “liviandad” de su postura profesional.
El deber del escribano ante el lavado de activos
Especialistas en derecho financiero y exintegrantes de la UIF, como María Eugenia Talerico, advirtieron que un escribano no es un “espectador formal”. Por ley, están obligados a realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante financiamientos inusuales, especialmente cuando involucran a funcionarios de alto rango.
“La escribana tiene que conocer el origen del dinero. Al ser una PEP, la diligencia es reforzada; ella no puede hacer intermediación financiera ni conseguir fondos para operaciones”, explicó Talerico a Clarín.
Si Nechevenko no realizó el ROS dentro de las 24 horas de detectada la inusualidad, se encontraría en infracción administrativa y penal. Además, su rol como fedataria pública queda bajo el escrutinio del Colegio de Escribanos, que podría sancionarla por delegar la fe pública del Estado de manera negligente.
Las hipotecas bajo sospecha
La investigación se centra en dos operaciones específicas donde Nechevenko tuvo un rol activo:
Indio Cuá: El préstamo de USD 100.000 otorgado por dos policías (madre e hija) que la propia escribana presentó a Adorni.
Departamento en Caballito: Una hipoteca privada de USD 200.000 garantizada por dos jubiladas que declararán este miércoles.
El interrogante que busca resolver la Justicia es si estas mujeres tenían la capacidad económica para prestar semejantes sumas. Al no haber consultado el origen de ese dinero, Nechevenko habría perforado el “corazón del deber preventivo” que exige el sistema antilavado en Argentina, lo que podría derivar en una imputación formal en los próximos días.