El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y abrió un régimen especial sin monto mínimo para productores que inviertan en riego, mallas antigranizo y genética animal. El decreto 242/26, publicado en el Boletín Oficial, establece amortización en un año y devolución anticipada del IVA para proyectos de medianas empresas.
El Poder Ejecutivo nacional formalizó este lunes la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La normativa, reglamentada mediante el Decreto N° 242/26, se desprende de la Ley N° 27.802 y otorga un marco de previsibilidad fiscal por un plazo de dos años para las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que apuesten a la expansión productiva.
El corazón del RIMI radica en la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Mientras que los bienes de capital e informática se amortizarán en dos años, el sector agropecuario obtuvo una ventaja competitiva mayor. Las inversiones en sistemas de riego, protección contra granizo y adquisición de genética animal podrán deducirse en tan solo un año.
Otro punto distintivo para el agro es la eliminación de los umbrales mínimos de inversión. Para el resto de los sectores, los montos oscilan entre 150 mil dólares para microempresas y nueve millones para medianas tramo 2.
Sin embargo, los productores que busquen tecnificar sus campos con equipos de riego o mejorar su rodeo con animales de pedigrí podrán acceder a las ventajas impositivas sin importar la escala del desembolso.
La decisión oficial pone el foco en la gestión del recurso hídrico. Según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el país cuenta con un potencial de riego de 7,5 millones de hectáreas, de las cuales actualmente solo se utiliza el 28%. El régimen no solo incluye la compra de equipos, sino también las obras complementarias necesarias para su funcionamiento.
Complementariamente, el Ministerio de Economía recordó la vigencia de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la energía eléctrica destinada al riego agrícola, la cual bajó del 27% al 10,5%.
Esta medida, sumada a la posibilidad de obtener la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA por inversiones a los tres meses, busca aliviar la presión financiera sobre el capital de trabajo de los productores.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las secretarías de Agricultura y Energía disponen de un plazo de 30 días para establecer los mecanismos operativos que permitan la aplicación efectiva de estos beneficios. El éxito de la medida dependerá de la agilidad en esta reglamentación secundaria para que los incentivos lleguen a la etapa de siembra y producción.
Resta observar si estos alivios fiscales serán suficientes para compensar la falta de financiamiento de largo plazo, un factor que históricamente ha limitado la adopción de tecnologías de precisión en el territorio nacional.
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