El Gobierno mantiene postergada la nueva metodología de medición del INDEC. Según estimaciones de consultoras privadas, el impacto de los servicios y combustibles habría sumado 0,25 puntos porcentuales al dato oficial del 3,4%, exponiendo una brecha en la representación del gasto real de los hogares.
La metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse el dato de marzo. Aunque el INDEC informó una suba del 3,4%, especialistas advierten que este número es menor al que resultaría si se aplicara la actualización basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, la cual otorga mayor peso a rubros como servicios públicos, transporte y educación.
Dato oficial: 3,4% (marzo).
Estimación con canasta nueva: 3,65% (según la consultora Equilibra).
Acumulado trimestral proyectado: 9,7% (frente al 9,4% oficial).
Rubros clave: Educación y combustibles tienen un peso 3 puntos porcentuales mayor en la estructura actualizada.
La canasta que utiliza el INDEC actualmente tiene un sesgo hacia el consumo de bienes, mientras que la versión actualizada refleja un cambio de hábito en la población, con mayor erogación en servicios regulados. En marzo, rubros como Educación (12,1%) y Transporte (4,1%) lideraron las subas. De haberse aplicado el nuevo ponderador, estos incrementos habrían tenido un impacto más directo y severo en el índice general.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) coinciden en que la variación del mes habría rondado el 3,5%. Esta diferencia de casi un cuarto de punto porcentual se vuelve crítica en un contexto donde el Gobierno busca alcanzar una meta de inflación mensual menor al 1% antes de fin de año.
Pese a que la modernización del índice era un compromiso técnico, el Gobierno decidió postergar su implementación en febrero, una decisión que precipitó la salida de Marco Lavagna del INDEC. Hasta el momento, no existe una fecha oficial para adoptar la nueva estructura, lo que genera sospechas entre analistas sobre una posible intención de subestimar el peso de los tarifazos en el indicador.
Por su parte, el presidente Javier Milei minimizó el impacto metodológico y atribuyó el alza de marzo a la estacionalidad de las clases y al conflicto en Medio Oriente, que encareció el transporte. “Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos. Lo que hay que hacer es tener paciencia”, afirmó el mandatario, quien ratificó que el rumbo monetario es el camino para converger hacia niveles internacionales en el mediano plazo.
Acuerdo técnico con el FMI libera US$ 1000 millones y consolida la estrategia oficial de evitar deudas a tasas elevadas. El Ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en Washington la estabilidad macro y la acumulación de reservas en reuniones con inversores.
Se trata de José Alfano y Víctor Paz Trotta, quienes explicaron que lo hicieron por “motivos personales”.
Trabajadores independientes de las escalas A, B y C recibieron una bonificación total del impuesto, mientras que categorías intermedias pagarán 75% menos. Jorge Macri anunció la medida automática para quienes no registren deuda antes del 30 de abril.
El Pontífice denunció la corrupción sistémica ante el presidente Paul Biya y urgió a detener el conflicto anglófono. En su llegada a Yaundé, pidió un futuro digno para los jóvenes del orfanato Ngul Zamba.
Movimientos nucleados en la UTEP iniciarán protestas este viernes contra las reformas en el programa Potenciar Trabajo. El cronograma incluye audiencias en el Congreso, una marcha de antorchas y la adhesión al reclamo de la CGT el 30 de abril.
La autoridad monetaria acumuló USD 5.849 millones en 2026, pero el pago de deuda externa absorbió el 67% de las adquisiciones. El Tesoro enfrenta vencimientos por USD 8.600 millones hasta julio en un contexto de baja financiación privada.
Dura confrontación pública entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine este martes en redes sociales. Mediante acusaciones de falta de lealtad e incapacidad legislativa, ambas referentes oficialistas profundizaron la crisis interna que ya incluye denuncias judiciales previas.
A través de una resolución del Ministerio de Economía, se dejó sin efecto la licitación internacional para contratar la consultoría que debía lanzar el programa. El Palacio de Hacienda argumentó “divergencias estratégicas” y la necesidad de reevaluar la pertinencia operativa del proyecto en medio de las negociaciones con el FMI.
