La justicia amplió las indagatorias a los procesados por la contaminación de fentanilo en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. El expediente ya contabiliza 124 víctimas fatales y 49 afectados con secuelas, en lo que se considera la mayor tragedia sanitaria argentina.
El proceso judicial que investiga el mayor desastre sanitario en la historia del país ha entrado en una fase determinante. El magistrado federal Ernesto Kreplak inició esta semana una nueva ronda de declaraciones indagatorias para los 14 implicados en la comercialización de fentanilo adulterado. La gravedad del caso ha escalado significativamente tras la incorporación de nuevos peritajes médicos que elevan la cifra de víctimas fatales a 124 personas, superando con creces los 20 decesos identificados al comienzo de la instrucción.
La investigación se centra en la producción de anestésicos en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, ambos clausurados permanentemente por las autoridades de control sanitario. Según los informes periciales, las ampollas contenían cepas bacterianas con alta resistencia a los fármacos convencionales, lo que habría provocado no solo las muertes mencionadas, sino también secuelas severas en casi medio centenar de sobrevivientes. Dos de estos pacientes permanecen en condiciones de salud críticas debido a la toxicidad de las sustancias distribuidas.
Durante las audiencias recientes, figuras clave de la estructura operativa de las firmas, como el jefe de producción y la gerenta de calidad, optaron por no declarar, manteniendo su postura de inocencia expresada en instancias previas. Por su parte, el principal accionista de los laboratorios, Ariel García Furfaro, logró postergar su comparecencia virtual para finales de abril, alegando compromisos académicos de su defensa técnica. Una solicitud similar fue concedida a la directora técnica de una de las plantas involucradas.
El calendario judicial prevé que el resto de la cúpula empresarial y técnica desfile ante el juzgado durante los próximos días. Entre los procesados figuran familiares directos del dueño y diversos responsables de las áreas de control de calidad. Hasta el momento, el juez ha dispuesto la prisión preventiva para cuatro de los involucrados, mientras que otros cumplen arresto domiciliario o aguardan el juicio en libertad, enfrentando posibles condenas de hasta 25 años de cárcel por la adulteración peligrosa de medicamentos.
La resolución final de este expediente, que se originó hace casi un año tras una alerta emitida en un centro de salud de La Plata, depende ahora del análisis definitivo de las historias clínicas por parte del Cuerpo Médico Forense. Estos estudios buscan confirmar el vínculo causal directo entre las bacterias halladas en los lotes prohibidos y el fallecimiento de los pacientes. Asimismo, se intenta determinar la magnitud de los daños permanentes en los damnificados que lograron el alta médica.
Más allá de la responsabilidad de los fabricantes, la fiscalía mantiene bajo observación el rol de los organismos estatales encargados de la supervisión farmacéutica. Se investiga si existieron negligencias en los protocolos de inspección y vigilancia que permitieron la circulación de estos lotes contaminados. Con el cierre de esta etapa de declaraciones, la causa se encamina a un debate oral que, por su escala de víctimas, ya es comparado por la justicia con las tragedias de Cromañón o el siniestro ferroviario de Once.
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