El juez federal, Ariel Lijo, ordenó citar a indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti y al empresario Hugo Sigman, entre otros, por presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 en 2020. La medida responde a un pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien detectó posibles conflictos de intereses durante la pandemia.
El juez federal Ariel Lijo ordenó el llamado a declaración indagatoria de la exministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y del empresario farmacéutico Hugo Sigman. La medida, que alcanza a otras 13 personas, responde a un pedido del fiscal Carlos Stornelli en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia de 2020.
Entre los citados también figuran el infectólogo Pedro Cahn, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini y la exfuncionaria Sonia Tarragona. Según el dictamen fiscal, los imputados habrían participado en una maniobra para dilatar la firma de contratos con el laboratorio estadounidense Pfizer. El objetivo, según la acusación, habría sido privilegiar a laboratorios con intereses económicos en la Argentina, como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V.
Stornelli sostuvo que el Estado nacional habría desestimado una oferta inicial de Pfizer por 13.200.000 dosis en agosto de 2020. El fiscal consideró que las autoridades sanitarias impusieron trabas administrativas y legales injustificadas. Para el representante del Ministerio Público, los funcionarios habrían actuado “a ambos lados del escritorio“, al mantener vínculos previos con las empresas beneficiadas por los contratos estatales.
El documento judicial subrayó que estas demoras tuvieron consecuencias perjudiciales para la salud pública al perderse la oportunidad de recibir las dosis con mayor antelación. Además, la investigación señaló que expedientes relacionados con Pfizer fueron gestionados de manera desordenada y ocultos en el sistema electrónico oficial durante meses.
La investigación puso el foco en la relación entre los encargados de la negociación y el sector privado. El dictamen citó como ejemplo a Sonia Tarragona, quien negoció por el Estado tras haber dirigido la Fundación Mundo Sano, vinculada al empresario Sigman. La fiscalía consideró que existió un conflicto de intereses que priorizó negocios particulares por encima de la emergencia sanitaria.
El cronograma de declaraciones comenzará el 19 de mayo con Hugo Sigman, seguido por Pedro Cahn el 26 del mismo mes. La exministra Vizzotti deberá presentarse ante el juzgado el 2 de junio, mientras que el resto de las citaciones se extenderán hasta septiembre. El juez Lijo busca determinar si las decisiones respondieron a criterios epidemiológicos o a una estructura de tráfico de influencias.
El proceso judicial intentará esclarecer si las cláusulas de inmunidad exigidas por Pfizer eran realmente un escollo legal insalvable, como alegó el Ministerio de Salud, o si funcionaron como una herramienta para favorecer a los competidores locales. ¿Podrá la justicia distinguir entre una decisión política de emergencia y un acto de corrupción administrativa?
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