Buscan frenar el fraude en pensiones por invalidez mediante un proyecto enviado al Congreso este lunes. La iniciativa impone el reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, prohíbe el empleo formal y elimina los aranceles únicos para prestadores en todo el país.
El Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por el médico Mario Lugones, ingresó este lunes al Senado el proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”.
La propuesta busca modificar sustancialmente la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, centrando su eje en el control fiscal y la redefinición de los criterios de otorgamiento de las prestaciones estatales.
El texto oficial justifica la medida señalando un crecimiento del 1,478% en el número de beneficiarios entre 2003 y 2023. Para transparentar el sistema, el Gobierno estableció que todos los titulares de pensiones no contributivas deberán realizar la actualización de datos médicos y socioeconómicos en un plazo de 90 días.
El incumplimiento de este trámite facultará al Estado a suspender el pago de forma automática. Según el articulado, si la situación no se regulariza en 60 días tras la suspensión, el Ejecutivo procederá a la baja definitiva del beneficio mediante acto administrativo. El proceso incluirá cruces de datos entre la ANSES y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Uno de los puntos más polémicos radica en la vuelta al criterio de “invalidez laboral”. El nuevo esquema establece una incompatibilidad absoluta entre el cobro de la pensión y la tenencia de un empleo formal o inscripción en regímenes laborales. Esto representa un giro respecto al modelo vigente, que permitía a las personas con discapacidad complementar el beneficio con ingresos registrados.
Asimismo, el proyecto estipula:
Monto de la prestación: Se fija en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Eliminación del nomenclador: Se suprimen los aranceles únicos y universales para terapias y servicios. Los valores quedarán sujetos a negociaciones individuales entre obras sociales, prepagas y prestadores.
Fin del beneficio a empresas: Se eliminan los incentivos para organizaciones que contraten personas con discapacidad.
La iniciativa ingresó por la Cámara Alta, donde el oficialismo espera encontrar un escenario más favorable que en Diputados. No obstante, el proyecto reabre un conflicto con prestadores y familias, quienes ya convocaron a una movilización frente a la sede de Salud.
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