El flujo neto del RIGI superó los USD 700 millones a marzo de 2026, impulsado por sectores de energía y minería. Con beneficios fiscales clave, el régimen atrae proyectos masivos como Vaca Muerta Sur y ampliaciones en la industria del litio.
El flujo neto del RIGI superó los USD 700 millones a marzo de 2026, impulsado por sectores de energía y minería. Con beneficios fiscales clave, el régimen atrae proyectos masivos como Vaca Muerta Sur y ampliaciones en la industria del litio.
La puesta en marcha del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha comenzado a mostrar resultados tangibles en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales cerradas a marzo de 2026, el saldo neto de divisas generado por este esquema superó los USD 760 millones. Este flujo es el resultado de ingresos brutos que alcanzaron los USD 1.205 millones, frente a egresos por USD 452 millones, lo que marca un punto de inflexión en la llegada de capitales de largo plazo orientados a la economía real.
Durante una reciente cumbre financiera en Washington, las autoridades de la entidad monetaria destacaron que estas colocaciones representan una apuesta por la inversión extranjera directa y el fomento del ahorro interno, diferenciándose del endeudamiento público tradicional. El reporte oficial subrayó que las corporaciones han abandonado su postura defensiva en el mercado cambiario para volcar recursos en bienes de capital, apalancándose también en la emisión de deuda privada por cifras que alcanzan los USD 9.900 millones en el último semestre.
Desde el ámbito de la Secretaría de Energía y Minería, se estima que la dinámica actual es solo el comienzo de una ola de inversiones más ambiciosa. En foros internacionales del sector, como el CERAWeek en Houston, funcionarios argentinos adelantaron que entre 15 y 20 iniciativas adicionales podrían formalizar su ingreso al régimen antes de que expire el plazo de adhesión en julio de 2027. La piedra angular de este interés radica en el blindaje fiscal y la estabilidad en las reglas de juego, factores determinantes para proyectos de infraestructura que demandan décadas de operación.
Los beneficios que apuntalan estas decisiones empresariales incluyen una presión impositiva reducida en Ganancias, la devolución de créditos fiscales por IVA y la eliminación de barreras arancelarias tanto para la importación de maquinaria como para la salida de productos exportables. Actualmente, cerca de 40 desarrollos masivos se encuentran bajo este paraguas legal, abarcando desde la extracción de minerales críticos hasta la generación de energías renovables.
La infraestructura petrolera lidera el ranking de inversiones con el plan Vaca Muerta Sur, un consorcio de empresas que incluye a YPF, PAE, Shell y Chevron, con un compromiso inicial superior a los USD 2.400 millones para potenciar las exportaciones de crudo desde Río Negro. En el sector del gas, la instalación de una unidad flotante de licuefacción en el Golfo de San Matías, liderada por Southern Energy, proyecta desembolsos que podrían escalar hasta los USD 6.800 millones en dos décadas, transformando la matriz exportadora del país.
La minería también aporta cifras récord, destacándose la expansión del proyecto Rincón de Litio en Salta por parte de Rio Tinto, con una inversión de USD 2.724 millones para proveer al mercado de baterías. Simultáneamente, el cobre en San Juan recibe un impulso vital con Los Azules, una iniciativa que supera los USD 2.600 millones. En el sector industrial, la siderurgia sostenible en San Nicolás y la construcción de terminales portuarias en Santa Fe diversifican el impacto del RIGI, que no solo busca divisas, sino también la creación de miles de puestos de trabajo indirectos y la modernización tecnológica de la base productiva nacional.
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