Sentencian a Hungría por vulnerar derechos fundamentales y discriminar a personas homosexuales y trans bajo el pretexto de proteger a la infancia. El fallo histórico del tribunal de Bruselas exige cambios legislativos inmediatos y mantiene bloqueados 800 millones de euros hasta que Budapest garantice la igualdad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió este martes una sentencia definitiva en la que declaró que las normativas de Hungría que restringen contenidos LGBTQ violan el Derecho comunitario. El fallo sostiene que la legislación aprobada en 2021, presentada originalmente como una medida reforzada contra la pedofilia, discrimina y margina a las personas por su orientación sexual e identidad de género.
La resolución de los 27 magistrados en sesión plenaria destacó que Hungría infringió el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Esta es la primera ocasión en la historia del organismo en que se constata una violación independiente de este artículo, el cual consagra la dignidad humana, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
Según el tribunal, las restricciones impuestas a la publicidad y a los medios de comunicación que muestran diversidad sexual son incompatibles con el mercado interior de servicios y la libertad de expresión. La sentencia subraya que la protección de la infancia es un objetivo legítimo, pero que estas medidas específicas estigmatizan a las minorías al sugerir que su mera presencia es perjudicial para los menores.
Este veredicto representa la primera prueba de fuego en política social para Péter Magyar, quien recientemente asumió el liderazgo de Hungría tras derrotar a Viktor Orbán en las elecciones del 12 de abril.
Mientras el gobierno saliente de Orbán defendió la ley como una salvaguarda de la identidad nacional frente a presiones externas, Magyar ha mantenido una postura ambigua sobre la agenda LGBTQ, a pesar de sus promesas de campaña sobre igualdad.
Además del impacto social, la sentencia tiene una vertiente económica crítica. Actualmente, Hungría mantiene bloqueados entre 700 y 800 millones de euros en fondos europeos debido a esta legislación. La anulación de las enmiendas impugnadas por parte del Parlamento húngaro es el requisito indispensable para que Bruselas libere dichos recursos.
El TJUE rechazó el argumento húngaro de “identidad nacional” para justificar la norma, señalando que la estigmatización es incompatible con una sociedad pluralista. Al ser una sentencia firme e inapelable, Budapest está obligada a modificar su marco legal. De mantener las disposiciones vigentes, el país enfrentará nuevas demandas que podrían derivar en multas económicas sustanciales deducibles de sus subvenciones.
El procedimiento contra esta ley comenzó en 2021 por iniciativa de la Comisión Europea y contó con el respaldo de otros 16 Estados miembros. Tras años de litigio, el fallo reafirma la primacía de los derechos fundamentales sobre las leyes nacionales que vulneren la dignidad de los ciudadanos de la Unión Europea.
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