Instalarán sistemas de detección selectiva para impedir delitos organizados por internos. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, oficializó la medida mediante la Resolución 336/2026. El Servicio Penitenciario Federal identificará y anulará equipos activos sin afectar las señales de comunicaciones en áreas civiles circundantes.
El Ministerio de Seguridad Nacional autorizó la puesta en funcionamiento de dispositivos tecnológicos destinados a la detección y bloqueo de terminales móviles en todos los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La normativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca interrumpir la cadena de mando de organizaciones criminales que operan desde el interior de las unidades carcelarias.
A diferencia de los métodos de inhibición total utilizados anteriormente, la nueva tecnología permitirá identificar el número de serie electrónico (IMEI) y la identidad del abonado (IMSI) de cada dispositivo.
Este sistema de precisión evitará las interferencias en las comunicaciones de los vecinos que residen en las inmediaciones de los complejos penitenciarios, un problema recurrente en implementaciones previas.
La Dirección Nacional de Tecnología de la Información será la encargada de la adquisición, instalación y mantenimiento de estos equipos. Según el texto oficial, el proceso de implementación requerirá un seguimiento técnico constante, ya que la detección y baja de un dispositivo no será un proceso automático ni estático.
La decisión administrativa respondió al incremento de investigaciones judiciales que vincularon a internos con maniobras de estafas telefónicas, amenazas y robos coordinados. Un caso relevante citado en los antecedentes fue el denominado “call center carcelario“, una organización que operaba desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena y que afectó incluso a magistrados del Poder Judicial.
Paralelamente, el marco legal se sustenta en la Ley 24.660. Si bien esta legislación garantiza el derecho de los detenidos a comunicarse con sus familias y abogados, prohíbe taxativamente el uso de teléfonos celulares personales. El Estado argumentó que resulta necesario restablecer el orden jurídico tras la flexibilización de controles observada durante la emergencia sanitaria de 2020.
El Gobierno nacional aprobó también el “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI“. Este documento establece las pautas operativas para que el personal del SPF actúe bajo protocolos estandarizados de supervisión.
La medida se complementa con iniciativas legislativas recientes que buscan prohibir de forma definitiva la tenencia de estos elementos en las celdas.
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