La justicia investiga coimas del 10% al 15% para autorizar importaciones SIRA durante la gestión de Massa. El fiscal Picardi imputó a funcionarios del BCRA y empresarios tras detectar sobornos por 3,5 millones de dólares destinados a obtener moneda oficial.
Una profunda pesquisa judicial liderada por el fiscal Franco Picardi ha puesto bajo la lupa el funcionamiento del control de cambios durante la etapa final de la gestión de Alberto Fernández. Según los hallazgos derivados de una treintena de procedimientos y peritajes telefónicos, se habrían detectado al menos cuatro casos concretos donde compañías privadas abonaron retornos de entre el 10% y el 15% del valor de sus operaciones. Estos pagos ilícitos tenían como fin garantizar el acceso a las divisas al tipo de cambio oficial, en un contexto de extrema escasez y restricciones severas bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabezaba Sergio Massa.
La causa, que actualmente se encuentra bajo la jurisdicción del magistrado Ariel Lijo, ha logrado identificar transacciones por un volumen superior a los 3,5 millones de dólares. A diferencia de otras investigaciones sobre maniobras ficticias, en este expediente se analizan compras externas que efectivamente se realizaron, pero cuya autorización habría sido “agilizada” mediante el pago de sobornos a una red de intermediarios y agentes estatales.
Hasta el momento, la imputación alcanza a cinco integrantes de áreas jerárquicas del Banco Central de la República Argentina, específicamente del sector de Supervisión de Entidades No Financieras. Los investigadores cuentan con los dispositivos móviles de los involucrados, quienes, a excepción de una funcionaria, facilitaron sus claves de acceso. La sospecha principal es que existía una estructura coordinada entre diversas dependencias como la Aduana, la Secretaría de Comercio y el BCRA para evaluar discrecionalmente la capacidad financiera de las empresas y liberar los permisos conocidos como SIRA.
Además del personal público, la causa involucra a conocidos titulares de agencias de cambio y asesores contables que habrían actuado en ambos lados del mostrador, facilitando el nexo entre el sector privado y los organismos de control. El levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre medio centenar de personas y sociedades promete aportar nuevos datos sobre el destino final de estos fondos.
El impulso definitivo de este expediente surgió de forma colateral a partir de un conflicto comercial entre dos financistas, uno de los cuales denunció presiones y aportó material digital sensible. Un informante clave entregó a la fiscalía un dispositivo con conversaciones y capturas de pantalla que confirmarían la connivencia entre empresarios y burócratas. Estos chats coinciden con denuncias periodísticas de 2023, donde se mencionaba la existencia de “tarifarios” paralelos en redes sociales que ofrecían destrabar importaciones a cambio de porcentajes fijos “en billete”.
Dada la magnitud de las importaciones anuales en Argentina, que en 2023 rondaron los 75.000 millones de dólares, el potencial económico de esta red de corrupción resulta alarmante para los investigadores. Mientras que intentos previos de investigar a la Secretaría de Comercio fueron archivados rápidamente, esta nueva línea de trabajo basada en evidencia tecnológica y testimonios directos parece romper el silencio que rodeaba a uno de los mecanismos más cuestionados del último gobierno.
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