Facundo Macarrón denunció que la inacción de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro constituye un delito de encubrimiento y no simple impericia. Durante el jury, la familia Dalmasso criticó el manejo genético y la falta de coraje judicial ante presiones.
El proceso de destitución contra los funcionarios judiciales que lideraron la investigación por el asesinato de Nora Dalmasso ha tomado un giro dramático en la ciudad de Córdoba. Tras concluir la segunda jornada de audiencias en la Legislatura provincial, Facundo Macarrón, hijo de la víctima, lanzó una acusación contundente contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Para el joven diplomático, el análisis de las pruebas y testimonios actuales permite deducir que el deficiente abordaje del caso no fue producto de la mera impericia, sino de una voluntad deliberada de ocultar la verdad, sugiriendo la existencia de conductas delictivas en el ejercicio de sus funciones.
El reproche central radica en la gestión de las pruebas genéticas y la desatención de líneas investigativas que hoy, casi dos décadas después, recuperan relevancia. Macarrón cuestionó severamente que no se hubiera cotejado el ADN de ciertos sospechosos en el momento oportuno, lo que calificó como una omisión intencional. Según su visión, el temor a las repercusiones sociales tras errores procesales previos condicionó el accionar de los acusados, derivando en una falta de profundidad que impidió identificar a los verdaderos culpables mientras la familia era marginada del expediente.
La jornada contó también con la declaración de Juan Dalmasso, hermano de la mujer asesinada en 2006, quien describió el proceso instructorio como una sucesión de irregularidades y desorden administrativo. El testigo relató ante el tribunal que presenció situaciones de extrema presión y vacilación por parte del fiscal Di Santo, sugiriendo que la “tibieza” y el temor a equivocarse terminaron por viciar las pruebas. Según Dalmasso, la justicia cordobesa debe realizar una autocrítica profunda que trascienda a los tres imputados actuales, apuntando a responsabilidades mayores dentro de la estructura de la Fiscalía General y la Policía Judicial de aquel entonces.
Durante su alocución, el tío de Facundo enfatizó que la investigación se desvió según conveniencias particulares, dejando de lado la búsqueda de justicia para su hermana. Planteó que la falta de coraje judicial ante la opinión pública de Río Cuarto paralizó las actuaciones técnicas necesarias, como el cotejo de perfiles genéticos que podrían haber sido determinantes años atrás. Esta sensación de desprotección y manipulación informativa fue el eje de un testimonio que buscó evidenciar cómo el sistema falló sistemáticamente en la protección de las víctimas.
El jurado de enjuiciamiento, encabezado por la legisladora Julieta Rinaldi, tiene previsto retomar la actividad este jueves para escuchar a una nueva tanda de testigos. La expectativa está puesta en las declaraciones de los médicos forenses que intervinieron en la autopsia original y en los especialistas en genética que analizaron las muestras recolectadas en la escena del crimen del barrio Villa Golf. Sus aportes técnicos serán cruciales para determinar si hubo una “negligencia grave” en la preservación y estudio de las evidencias físicas.
Mientras los fiscales procesados mantienen su defensa alegando que actuaron bajo derecho y sin irregularidades, el clima en la sala refleja una tensión creciente. La familia Macarrón-Dalmasso, presente en cada sesión, busca que este jury no solo resulte en la remoción de los funcionarios, sino que también siente las bases para una posible acción penal por prevaricato o encubrimiento, en un intento final por obtener algún tipo de reparación ante un crimen que continúa en la impunidad.
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