La Policía de la Ciudad desalojó este jueves un inmueble en La Paternal donde vivían más de 100 personas. El operativo, marcado por denuncias de irregularidades y tensión vecinal, forma parte del plan de recuperación de propiedades de Jorge Macri.
La Policía de la Ciudad desalojó este jueves un inmueble en La Paternal donde vivían más de 100 personas. El operativo, marcado por denuncias de irregularidades y tensión vecinal, forma parte del plan de recuperación de propiedades de Jorge Macri.
La Policía de la Ciudad inició este jueves por la mañana un operativo de desalojo en el barrio porteño de La Paternal. El predio, ubicado en la intersección de las calles San Blas y Andrés Lamas, consta de cinco propiedades horizontales donde residían más de 100 personas, incluyendo familias con niños y personas con discapacidad.
Conflicto histórico: La disputa legal por el terreno se remonta al año 1998.
Sentencia firme: La Justicia había dictado la orden de desalojo en el año 2009.
Peligro estructural: El operativo se justificó también por una inspección de riesgo de derrumbe.
El despliegue policial contó con un fuerte vallado perimetral para evitar incidentes. Según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, entre los ocupantes se encontraban personas con antecedentes e imputaciones, incluyendo a un delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que habitaba una de las unidades.
A pesar de la sentencia firme de la Justicia, los vecinos del predio denunciaron que el procedimiento fue “irregular e imprevisto”. Muchos aseguraron no haber recibido notificaciones previas y cuestionaron la violencia del ingreso policial. “Vienen por una inspección, pero no nos mostraron la orden de desalojo“, reclamó una de las residentes.
En medio de los gritos y la resistencia, algunos habitantes afirmaron haber sido víctimas de una estafa. Sostienen que durante años pagaron un alquiler a una persona que se presentaba como el dueño legítimo de la propiedad. Ante la inminencia del desalojo, el Gobierno habría ofrecido un subsidio de $150.000, suma que los vecinos consideran insuficiente para encontrar un nuevo hogar.
La situación dentro del inmueble fue descrita como de “incomunicación total” por abogados y organizaciones que se acercaron a brindar apoyo. Los manifestantes desde afuera del cordón policial exigían la presencia de autoridades de Desarrollo Humano para garantizar el bienestar de los menores y las personas con movilidad reducida que fueron retiradas del lugar.
Este desalojo se inscribe en una política activa del jefe de Gobierno, Jorge Macri, para recuperar espacios ocupados. En lo que va de su gestión, ya se han recuperado casi 600 propiedades. “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito“, sentenció el mandatario sobre estos operativos.
Macri defendió la medida asegurando que la usurpación fomenta la extorsión y el robo en los barrios, afectando la paz de los vecinos linderos. Para la administración porteña, el respeto a la propiedad privada y el orden público son pilares fundamentales que justifican la intervención de las fuerzas de seguridad en predios con situaciones legales irregulares.
En paralelo, se conoció que el histórico complejo de hoteles de Chapadmalal también enfrenta una orden de desalojo. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a los habitantes y empleados a dejar el lugar en diez días. La medida, impulsada por Daniel Scioli, busca dar un nuevo destino a estas unidades declaradas patrimonio histórico.
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