La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires instó al gobernador Axel Kicillof y al Senado provincial a cubrir cuatro cargos vacantes en el tribunal, que opera con tres miembros desde hace más de seis años. Presentaron un proyecto de autarquía económica en un acto institucional este martes.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, encabezó este martes una exhortación institucional dirigida al gobernador Axel Kicillof y a la Cámara de Senadores provincial. El reclamo central se focalizó en la necesidad de cubrir las cuatro vacantes que mantienen al tribunal con solo tres de sus siete integrantes originales.
La cúpula judicial, integrada actualmente por el propio Torres, el vicepresidente Daniel Soria e Hilda Kogan, señaló que el organismo atraviesa una etapa de desintegración sin precedentes. Esta situación obligó al tribunal a recurrir a magistrados de instancias inferiores para alcanzar el quórum necesario en sus resoluciones, lo que genera una dependencia estructural que afecta la celeridad de los procesos.
Durante la ceremonia, realizada en el Palacio de Tribunales, se informó que la provincia de Buenos Aires acumula 152 incumplimientos al mandato constitucional que obliga a proponer reemplazos en un plazo de quince días tras producirse una vacancia. El cuerpo colegiado recordó que la salida del juez Luis Genoud, ocurrida este año, profundizó una crisis que se extiende desde hace más de seis años.
Paralelamente, los magistrados presentaron una iniciativa legislativa para establecer la autarquía económica y autonomía presupuestaria del sector. El proyecto sostiene que la independencia judicial no es un privilegio sectorial, sino un requisito constitucional para la división de poderes. Según el documento, el Poder Judicial es el único brazo del Estado que todavía no gestiona sus propios recursos de forma directa.
La propuesta técnica cuenta con el respaldo de la Procuración General, encabezada por Julio Conte-Grand, además de entidades gremiales y colegios de profesionales. El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Russo, y el presidente del Colegio de Abogados provincial, Bienvenido Rodríguez Basalo, rubricaron el apoyo al texto que será elevado a la Legislatura.
La normalización del tribunal depende ahora de la articulación política entre el Ejecutivo, encargado de enviar los pliegos, y el Senado, que debe aprobarlos por mayoría especial. En este contexto, resta definir si las fuerzas partidarias lograrán los acuerdos necesarios para completar la integración de un cuerpo que hoy opera con menos de la mitad de sus miembros.
El intendente entrerriano Martín Ruíz fue agredido a golpes por el concejal Lemos durante una reunión en el Concejo Deliberante. El conflicto se desató por diferencias en el cobro de tasas para un festival local, motivando una denuncia penal.
Pagni contrasta el alivio mundialista con el inminente voto de censura a Adorni. Detalla las maniobras de Lorenzetti para candidatear a Borinsky a la Corte y cómo el caso Leal truncó la prórroga aeroportuaria directa a Eurnekian.
Un áspero cruce verbal se produjo en Comisión entre Juan Grabois y el oficialista Bertie Benegas Lynch durante el debate sobre fondos buitre. La discusión incluyó descalificaciones personales y desafíos a confrontar fuera del ámbito legislativo.
El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Javier Milei de interferir en el balotaje para destruir al progresismo, criticando duramente su política de ajuste. El cruce ocurrió tras el respaldo público del mandatario argentino al candidato derechista Abelardo de la Espriella.
Un tribunal de La Plata frenó la privatización de AySA al aceptar un amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense. La medida cautelar obliga a mantener el servicio e inversiones en 26 municipios, ante el riesgo de flexibilización en controles ambientales.
Martín Menem viajó a Israel para ratificar el apoyo incondicional de Argentina al gobierno de Netanyahu. El gesto expone un desacople diplomático con Donald Trump, quien adoptó una postura pragmática al firmar un histórico acuerdo de entendimiento con Irán.
La justicia federal investiga si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó a empleadas públicas para ocultar gastos millonarios en amoblamientos de lujo. La fiscalía detectó facturas sospechosas y audita inconsistencias patrimoniales vinculadas a propiedades y activos digitales.
El actor José Sacristán entregó su legado personal y profesional a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Entre los objetos depositados destacan el sombrero de su abuelo y un ejemplar de El Quijote de su padre fallecido en prisión.
