Legisladores de La Libertad Avanza acusaron a su excompañera de bloque por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta ante la justicia federal. La presentación judicial cuestionó la evolución patrimonial de la periodista y la supuesta omisión de bienes pertenecientes a su pareja.
Una quincena de diputados nacionales pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza ratificó este miércoles una denuncia penal contra la legisladora Marcela Pagano. La presentación, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de María Servini, incluyó imputaciones por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial.
El documento judicial, que contó con las firmas de Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Santiago Santurio, entre otros, extendió la acusación hacia el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada.
Los denunciantes señalaron a Bindi como “instigador y cómplice necesario” en las presuntas maniobras de administración infiel. Según el texto, existen inconsistencias en la trazabilidad de un inmueble adquirido en 2011 y una supuesta falta de información sobre los activos del conviviente de la legisladora.
Paralelamente, el escrito planteó sospechas sobre el destino de los fondos públicos utilizados para la contratación de personal parlamentario. Los legisladores oficialistas sostuvieron que cuatro empleados del despacho de Pagano habrían reintegrado parte de sus honorarios al entorno societario de Bindi.
Asimismo, la diputada Lemoine sugirió públicamente la posibilidad de una estructura financiada por potencias extranjeras, aunque dicha hipótesis requiere de la validación de las medidas de prueba solicitadas.
Por su parte, la diputada Pagano desestimó las acusaciones y las vinculó con su reciente actividad judicial contra otros funcionarios del Ejecutivo. La legisladora explicó que el departamento mencionado fue vendido para adquirir su vivienda actual en 2023, operación realizada antes de su postulación a cargos públicos.
Respecto a la situación de Bindi, argumentó que la convivencia formal comenzó tras el nacimiento de su hija, motivo por el cual los datos se integrarán en la próxima presentación ante la Oficina Anticorrupción.
El conflicto escaló en una jornada marcada por la ausencia de Pagano en la sesión informativa de la Cámara de Diputados. Mientras el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, brindaba su informe de gestión, la legisladora se encontraba en los tribunales de Comodoro Py.
Allí, Pagano ratificó y amplió su propia denuncia contra el primer ministro (o Jefe de Gabinete) por presuntas irregularidades en la adquisición de una propiedad en un barrio privado de Exaltación de la Cruz.
Esta secuencia de acusaciones cruzadas en el fuero federal subraya una creciente judicialización de las diferencias internas dentro de las fuerzas que integran el arco oficialista. La justicia deberá determinar ahora si las omisiones en las declaraciones juradas constituyen un error administrativo o una voluntad de ocultamiento patrimonial.
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