La provincia cuyana es la primera en iniciar causas judiciales contra progenitores antivacunas. Tras las citaciones oficiales, una decena de familias ya regularizó la situación de los menores.
La provincia cuyana es la primera en iniciar causas judiciales contra progenitores antivacunas. Tras las citaciones oficiales, una decena de familias ya regularizó la situación de los menores.
el Ministerio de Salud de Mendoza ha judicializado la negativa de algunos progenitores a cumplir con el calendario nacional de vacunación.
Hasta el momento, la cartera sanitaria “ya denunció a 28 padres que se negaban a aplicar las vacunas del calendario a sus hijos”, las cuales poseen carácter de obligatoriedad por ley.
La ofensiva judicial, que comenzó a finales de 2025, se ampara en la Resolución 2572, emitida en agosto de ese mismo año. El protocolo establece una instancia de diálogo antes de llegar a la sanción: los padres son convocados a una audiencia oficial donde el equipo sanitario les informa sobre los riesgos de su postura.
A partir de allí, “se les otorga un plazo de 30 días para aplicar la vacuna”. De mantenerse la rebeldía, el caso es derivado al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y a las autoridades contravencionales.
Gracias a este mecanismo, “una decena de ellos finalmente cambió de parecer y autorizaron las inoculaciones”. Con estas acciones, Mendoza se posiciona como la primera provincia en iniciar causas contra padres que rechazan el cronograma oficial.
La rigurosidad de los controles permitió detectar una maniobra ilegal en la localidad de El Pastal, en Las Heras. Allí, “un enfermero ofrecía carnets de vacunación falsos, a cambio de una suma de dinero”.
La estafa salió a la luz gracias a la perspicacia de un médico pediatra de San Rafael, quien notó anomalías en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA).
El profesional “detectó inconsistencias en los registros de vacunación de un grupo de chicos”, quienes figuraban como inoculados en Las Heras, a pesar de residir a más de 300 kilómetros de distancia. Actualmente, el funcionario enfrenta una investigación administrativa y una causa penal que podría derivar en su cesantía.
La preocupación de las autoridades radica en la baja de las tasas de cobertura, lo que ha provocado un “incremento de casos de enfermedades que ya se creían extintas, como el sarampión y la tos convulsa”.
Para el Ministerio de Salud local, estas medidas no son solo burocráticas, sino una herramienta indispensable para garantizar la salud pública y la protección de los menores frente a discursos que ponen en riesgo la inmunidad de la población.
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